"La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó 13 allanamientos en Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito, uno de estos al Ministerio de Finanzas, con el objetivo de recabar indicios para la investigación (…) respecto a la existencia de una presunta red de corrupción que opera, en contubernio con funcionarios, desde el interior de algunas instituciones públicas incluida la cartera de Finanzas", dijo la entidad en un comunicado.
Durante el operativo fueron detenidas siete personas, de las cuales dos son funcionarios públicos.
La Fiscalía detalló que en varias instituciones operaba una red de funcionarios que cobraban a proveedores externos un 4% del monto de las facturas a cambio de agilizar su pago; si no accedían, los amenazaban con retrasar al menos un año los trámites.
La investigación se inició a mediados de 2019 por una denuncia del Ministerio de Finanzas.
La Fiscalía dijo que la red será procesada por asociación ilícita para cometer delitos de concusión, tráfico de influencias y extorsión.
En otro operativo, la Fiscalía allanó las oficinas de la Secretaría Nacional de Riesgos en Guayaquil (suroeste), para recabar indicios de supuestos sobreprecios en la compra de 7.000 kits de alimentos que serían entregados a familias afectadas por la emergencia del COVID-19.
En los supermercados de Ecuador el costo de todos los artículos sumarían apenas 83,4 dólares, según una investigación del portal digital Primicias.
La entidad dijo que el contrato no tiene sobreprecio y se concedió a la mejor oferta, pero dejó en suspenso el proceso mientras se realizan las investigaciones.
La madrugada del viernes, en Guayaquil y dos ciudades aledañas, la Fiscalía y la Policía Judicial también hicieron tres allanamientos a domicilios y oficinas de directivos de una compañía dedicada a la venta de insumos médicos, pero que aparece con otro objeto social en la Superintendencia de Compañías.
La Fiscalía también llegó al hospital docente de Ambato (centro) para recabar información sobre la compra de overoles de bioseguridad, por un monto de 250.000 dólares, con posible sobreprecio.
A poco menos de dos meses de decretada la emergencia sanitaria en Ecuador, la mayor cantidad de irregularidades han sido denunciadas en los hospitales públicos.
Empezó con la compra de mascarillas para hospitales del sistema público de seguridad social, y luego se sumó la compra de fundas para embalar cadáveres.
El jueves, el presidente Lenín Moreno pidió a los ecuatorianos vigilar la inversión pública, denunciar los actos de corrupción, y dijo que no habrá tolerancia de su Gobierno a la corrupción.