"La falta de apoyo a empresas provocó pérdida de 108.536 empleos formales en dos meses. Proyecto de Ley COVID-19 con más impuestos a personas y empresas y falta de ayuda para aliviar liquidez y generar prórrogas con IESS (Instituto de Seguridad Social) y SRI (Servicio de Rentas Internas) ocasionará más despidos", dijo el presidente de la Cámara, Patricio Alarcón.
Según el directivo gremial, esos datos se desprenden de las estadísticas de afiliación al sistema de seguridad social ecuatoriano.
Las pérdidas de empleo denunciadas por la Cámara pertenecen al sector privado.
Las restricciones de actividades en Quito para controlar el incremento de la pandemia les ha restado liquidez.
Según una encuesta difundida por la Cámara, para medir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el tejido empresarial de Quito, el 86,9% de las empresas puede sostener su nómina actual entre una y cuatro semanas más, y solo el 13,1% de los empresarios tienen la capacidad de mantener sus nóminas por más de cuatro semanas.
Según la encuesta, el 61,5% de los consultados no ha podido tomar acciones en el corto plazo debido a que el giro de negocio de la mayoría de las empresas quiteñas no puede desarrollarse desde una perspectiva digital.
El proyecto plantea la creación de contribuciones únicas, durante nueve meses, por parte de personas naturales y jurídicas a una cuenta especial para dar asistencia humanitaria, manejada por cinco personas de la sociedad civil nombradas por el presidente Lenín Moreno.
Según el documento, habrá dos tipos de contribuciones: las que hagan las personas naturales, calculada sobre el valor de sus ingresos mensuales y las que hagan las empresas.
En el primer caso, tanto en el sector público como privado, el cobro se haría sobre el ingreso mensual mínimo de 720 dólares, según lo estableció una comisión de la Asamblea, frente a los 500 dólares establecidos originalmente por el Ejecutivo.
Pero ese monto aún no ha sido aprobado por el pleno del parlamento.
El documento fue enviado al parlamento el 16 de abril pasado y deberá ser tratado como económico urgente, es decir que el legislativo tiene 30 días para su debate y aprobación.
Si la legislatura no se pone de acuerdo para aprobarlo o negarlo, al ser de carácter económico urgente, pasa por el ministerio de la ley, es decir que se aprueba automáticamente tal como lo envió el Ejecutivo.
