"Son dos acciones [ante el Tribunal Constitucional], una de nulidad y una de inconstitucionalidad; en ambas se busca dejar sin efecto la ley que determina el plazo de 90 días para llevar adelante la elección", dijo el diputado Oscar Urquizo, según publicó el diario La Razón.
En concordancia con los argumentos del Gobierno, los representantes de la minoría oficialista en el parlamento arguyen que realizar elecciones a más tardar el 2 de agosto, como dispone la ley sancionada el pasado 30 de abril, sería un "atentado" contra la salud pública en el actual tiempo de la pandemia de COVID-19.
Según el MAS, la norma evitaría que Bolivia ingrese a una situación de incumplimiento de la Constitución porque autoriza formalmente la postergación de la votación convocada para el 3 de mayo, que estaba provisionalmente en suspenso a causa de la crisis sanitaria.
La ley fue promulgada por la presidenta del Senado y presidenta en funciones de la Asamblea Legislativa, Eva Copa (MAS), luego de que Áñez, quien es también candidata, la rechazara denunciando riesgos para la salud.
El diputado afirmó que Copa no estaría habilitada para promulgar leyes en ausencia de un Vicepresidente del Estado, que es a la vez presidente de la Asamblea.
"Pero en el fondo, lo que le pedimos al Tribunal [Constitucional] es que valore y ponga en la balanza la colisión [entre] la normativa del derecho a la salud que tenemos los bolivianos y el derecho al sufragio y los derechos políticos, que están garantizados, que se van a llevar adelante, pero garantizando la salud de los bolivianos", agregó.
Por separado, el abogado Luis Ayllón, representante de la senadora Carmen Gonzales que presentó el recurso de inconstitucionalidad, dijo que la ley de elecciones tendría "vicios de nulidad de fondo y forma" y usurparía funciones del Tribunal Supremo Electoral.
El Gobierno de Áñez anunció el 1 de mayo, al día siguiente de la promulgación de la ley, que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de la norma.
Ese recurso sería presentado este 5 de mayo, dijo a reporteros el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.
Las leyes bolivianas fijan plazos flexibles para la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.
