"La normativa que fue aprobada con 56 votos a favor y 26 en contra entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos finalizarán el 19 de mayo del 2020. Con esta ley, se declara todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19", reseñó el Legislativo en su web oficial.
La propuesta del Ejecutivo contó con los votos de Alianza Republicana Nacionalista, Gran Alianza por la Unidad Nacional, Cambio Democrático, el Partido Concertación Nacional y el único diputado no partidista, todos de derecha.
La nueva Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia prohíbe a la población salir de sus casas, incluyendo al sector agrícola, financiero, seguros y administradoras de fondos de pensiones por un plazo inicial de 15 días.
En El Salvador rige una cuarentena domiciliar desde el pasado 21 de marzo, pese a lo cual los casos confirmados del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 ya llegaron a 587, con 13 fallecidos y 201 pacientes recuperados.
El decreto recién aprobado autoriza el traslado a centros de contención de quienes sean sorprendidos fuera de casa sin justificación, y da a las autoridades de salud la facultad de auxiliarse de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para hacer cumplir la medida.
Deuda para recuperar economía
Además, el Parlamento de El Salvador avaló una nueva deuda por mil millones de dólares, para recuperar al país del daño económico provocado por el coronavirus.
"Para recuperar la economía de las empresas salvadoreñas, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas [Mipymes] afectadas por la crisis derivada de la pandemia COVID-19; la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo para que gestione y coloque títulos valores de crédito hasta por mil millones de dólares", informó el Legislativo en su web oficial.
El referido monto también podría ser obtenido por medio de préstamos o por una mezcla de ambas opciones, hasta completar la cantidad autorizada, la cual también será destinada a sufragar gastos del Gobierno en el combate a la pandemia.
El monto se divide en un fideicomiso por 600 millones de dólares, que incluye subsidios a MIPYMES registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y financiamiento a empresarios del sector informal, y 400 millones de dólares para el presupuesto general del Estado, para pagar a proveedores del sector privado y la devolución del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los exportadores.
Esta nueva deuda fue aprobada cuando aún el Gobierno del presidente Nayib Bukele busca fondos para completar los 645 millones de dólares autorizados para financiar el presupuesto 2020, del cual solo se han colocado 483 millones, según confirmó el propio ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
