En específico, la propuesta del presidente apunta a modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como incluir un artículo transitorio, con el cual se otorgue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de concentrar los recursos que cada dependencia de Gobierno "reoriente" o "recorte", de acuerdo con sus propios criterios, en los casos de emergencia económica.
"En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica de país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad", expone la iniciativa de reforma.
Recibimos del Poder Ejecutivo iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta iniciativa será turnada a comisión y deberá de ser discutida y, en su caso, votada, por ambas cámaras del Congreso.#DesdeElCongreso pic.twitter.com/Su9iH8b4wE
— Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) April 24, 2020
Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Cámara de diputados, destacó que la propuesta del presidente brindará la flexibilidad requerida para realizar reasignaciones presupuestales en momentos como el actual. Sin embargo, aseguró que esta medida no atenta contra la facultad de la Cámara de diputados para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.
Pese a estos mensajes, representantes de los partidos de oposición, e incluso algunos militantes de Morena, han externado su preocupación de que esta iniciativa otorgue al presidente la facultad de manejar a discreción los recursos públicos.
El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo señaló que la fracción parlamentaria de su partido está "en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución". Además, insinuó que López Obrador "está cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder", lo cual puede llevarlo a cometer excesos como la violación de la división de poderes.
A su vez, el 28 de abril el Partido Acción Nacional (PAN) convocó a los representantes de la oposición a negarse a convocar un período extraordinario de sesiones en el Congreso para aprobar la iniciativa presidencial.
"Es una medida autoritaria y de concentración de poder. Por ello, Acción Nacional nuevamente lanza una alerta ante la iniciativa que envió el presidente de la república, porque ésta lamentablemente distorsiona el equilibrio de poder que debe existir en cualquier democracia", expuso Marko Cortés, presidente nacional del PAN.
Como respuesta, López Obrador insistió en que la realidad del país ante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 obliga a hacer frente a la situación económica por medio de nuevos recortes al presupuesto. Asimismo, acuso a la oposición de politizar el tema, luego de que su Gobierno, a diferencia del pasado, está consultando al Congreso para realizar las modificaciones necesarias que garanticen las acciones prioritarias de su administración.
"Por primera vez, estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo. […] Hagan el análisis de cómo era autorizado y cómo terminaba siendo ejercido. Había partidas en Gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil millones de pesos en esa partida", criticó.
Para mitigar la crisis económica, Andrés Manuel López Obrador, anunció la aplicación rigurosa de la Ley de Austeridad Republicana, lo cual implicará, entre otras medidas, el cierre de 10 subsecretarías, así como reducciones salariales a los funcionarios públicos de más alto rango. Asimismo, dio a conocer que el Gobierno otorgará préstamos a tres millones de microempresas por un monto de 25 mil pesos, así como el aumento del gasto en programas sociales a 622.556 millones de pesos.
