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El secretismo, la nueva arma de EEUU contra el COVID-19

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El Gobierno estadounidense es acusado de optar por el secretismo ante el COVID-19, no por la transparencia. Los casos incluyen órdenes de limitar la información pública, prohibiciones a los periodistas de hablar con funcionarios de la salud y la imposibiliadad de estudiantes de conocer cuál es el plan de emergencia dispuesto por sus universidades.

En términos numéricos, Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19: allí hay más de 1 millón de contagios (alrededor de un tercio del total de infectados a nivel global). Sin embargo, EEUU no es el país con la mayor incidencia de mortalidad. Las cifras oficiales señalan que hay 169 muertes cada 1 millón de habitantes, tasa que lo coloca más abajo que a Bélgica, que lidera la lista con 622 fallecimientos en la misma proporción, según las estimaciones de Our World in Data, de la Universidad de Oxford. 

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En el país europeo hay casi 50.000 casos de contagios, en una población que es casi 30 veces menor que la estadounidense. Los números dicen que algo anda mal y que quizá estemos subestimando las cifras oficiales (hasta en un 60% según cálculos del Financial Times durante la última semana de abril) y, en el caso de Bélgica, sobrestimándolas. 

Uno de los motivos por los que Bélgica justifica su extremadamente alta tasa de mortalidad en comparación al resto de los países es que optó por incluir los casos sospechosos, pero principalmente por la "mayor transparencia" con la que ofrece los datos. En oposición, el Gobierno estadounidense ha sido acusado de secretismo.

​Desde que la propagación del coronavirus se aceleró en las últimas semanas, los funcionarios locales, estatales y federales de todo Estados Unidos han bloqueado la información al público, advirtió David Cuillier, profesor de Periodismo en la Universidad de Arizona, en el portal de noticias The Conversation.

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Cuillier se ha encontrado con casos de estudiantes que exigen a sus universidades conocer cómo se les protege del COVID-19 y no pueden, hasta con órdenes de limitar la información pública y con la prohibición de periodistas a hablar con el personal médico o funcionarios de la salud. 

"Los recientes cierres de información recuerdan a las medidas adoptadas inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando los Gobiernos cerraron enormes cantidades de información, incluidos los registros que mostraban las condiciones ruinosas de los puentes y las presas", escribió Cuillier.

Los ejemplos de secretismo citados por el académico incluyen:

  • El FBI ya no acepta solicitudes de información en línea o por correo electrónico debido al virus. Cuillier señala que si alguien quiere información debe enviar su solicitud por correo, "lo que irónicamente es más propenso a transmitir el virus".
  • Un periodista que quiso cubrir la reunión del 23 de marzo del consejo municipal en la ciudad de Palestina, Texas, no pudo; se le prohibió el ingreso aunque había menos de 10 personas en sala. Además, el consejo tampoco permitió que el público escuchara la reunión a través de un número de teléfono gratuito, como exige la ley estatal.
  • Estudiantes de la Universidad de Florida (una de las instituciones financistas de The Conversation) quisieron conocer el plan de emergencia ante la pandemia pero no pudieron acceder a él. La universidad está ocultando la información bajo "una laguna jurídica" destinada a evitar que los terroristas y los combatientes enemigos —no los viruses— exploten las debilidades del Gobierno", escribió Cuillier.
  • Algunos organismos estatales están argumentando que el acceso a la información gubernamental no es una necesidad o función esencial. Pero las investigaciones sugieren que es, contrariamente a lo supuesto, que es esencial para la salud y bienestar de las personas. "Los estudios han demostrado que la información gubernamental abierta conduce a un agua potable más limpia, a una comida más segura en los restaurantes, a una menor corrupción y a una mayor confianza en el Gobierno", señala Cuillier.

La Coalición Nacional de Libertad de Información de EEUU, que reúne a más de 130 organizaciones sin fines de lucro de diversos ámbitos, instó "encarecidamente a las ramas y organismos gubernamentales a que vuelvan a comprometerse con su deber de incluir al público en el proceso de elaboración de políticas, incluidas las políticas relativas a COVID-19, así como las funciones rutinarias y permanentes de la gobernanza", según publicó The Conversation.

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