"Algunas medidas adoptadas por los Gobiernos generan impactos desproporcionados en las personas en movilidad, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus derechos humanos", dijeron representantes de la Acnudh en Honduras, Guatemala, México y la delegación regional para América Central y República Dominicana, en un posicionamiento conjunto.
Esa categoría se refiere a:
- Refugiados;
- Trabajadores migrantes;
- Víctimas de trata;
- Personas desplazadas internas;
- Apátridas;
- Personas con y sin estatus migratorio regular en un país.
Los representante reconocen los esfuerzos de los países en la región para contener y prevenir la propagación de la pandemia y para brindar atención a las personas afectadas.
Los delegados de la expresidenta chilena Bachelet revelaron que han podido documentar "la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen".
El Gobierno de México "debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud".
Sin embargo, si continúan los retornos, solo pueden realizarse "si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso", advirtieron.
Cierre de fronteras
El cierre de las fronteras ha provocado que numerosas "personas en movilidad", incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos.
Otro ejemplo está en Panamá, país que enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica, y como consecuencia permanecen en la incertidumbre más de 2.500 personas migrantes irregulares.
"A pesar de esfuerzos de las autoridades [panameñas] aún se presentan condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios de salud, información, alimentación, agua y saneamiento", lamenta el organismo.
En Honduras, la situación de algunas personas atrapadas en la frontera con El Salvador "es preocupante", ya que en su mayoría carecen de tales servicios básicos.
Las manifestaciones xenófobas han causado que algunos centros de atención a migrantes sean obligados a permanecer cerrados.
En el contexto de la pandemia Acnudh exhorta a los gobiernos a garantizar a todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio:
- El acceso a la salud;
- La alimentación;
- La información en un idioma de su comprensión;
- El derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección.
Los representantes de Bachelet recuerdan a los gobiernos de países de origen y destino, que tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
"Es fundamental que en las respuestas contra la COVID-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios", puntualiza el informe.
El término "situación de movilidad humana" describe la situación de más de 600 millones de personas en el mundo que están viviendo lejos de sus lugares de origen, tanto dentro su propio país como quienes se trasladaron a otro.
