Desde el inicio del Aislamiento Social decretado por el presidente, Alberto Fernández, el 20 de marzo, los recintos del Congreso nacional están vacíos y el trabajo de los legisladores, limitado a un mínimo. Con el Poder Judicial completamente paralizado, dos poderes republicanos están en suspenso ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Lo cierto es que la Cámara de Diputados continúa con una actividad mínima a través de videoconferencias, que se mantienen entre miembros de comisiones y entre bloques partidarios, y con reuniones virtuales que los legisladores tienen con los ministros del gabinete nacional. Lo mismo ocurre con el Senado, aunque con una carga de trabajo muy inferior.
"Los Congresos en una república, aun en los estados más graves, como una guerra incluso, tienen que sesionar. En la cámara baja es donde están representados los intereses de cada uno de los sectores del país. El no funcionamiento es una falla institucional de gravedad que no tiene precedentes", dijo a Sputnik José Luis Ramón, diputado nacional y miembro del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, alternativo a las principales fuerzas políticas.
El diputado insistió en la necesidad imperiosa de que Congreso funcione y sesione, que implicaría que los representantes deban reunirse de manera presencial, habilitando la excepción para hacerlo de manera remota para aquellos entre la población de riesgo.
"No es lo mismo que los diputados estemos en el lugar donde se discute la ley que estemos debatiendo a través de una pantallita donde no se alcanza a entender lo que está hablando el otro por la mala calidad del internet", remarcó el representante de la provincia de Mendoza.
Trabas reglamentarias e intentos de resolución
El reglamento de Diputados permite sesionar fuera del recinto exclusivamente en casos de "fuerza mayor" mientras que el de Senadores lo habilita por razones de "gravedad institucional", términos jurídicos del derecho público y privado, correspondientemente.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) —hoy vicepresidenta y, por ende, presidenta del Senado— envió un escrito a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la confirmación acerca de la constitucionalidad de votaciones a través de videoconferencia, algo en esencia impedido por la ley.
Por su parte, Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, intenta resolver la parálisis con dos alternativas. La primera sería desarrollar un sistema virtual a través del cual los diputados verifiquen su identidad sin lugar a dudas y con seguridad absoluta, que implicaría modificar el reglamento. La segunda opción sería sesionar en un recinto alternativo más amplio que permita dos metros de distancia entre cada representante.
En cualquier caso, lo que se intenta es evitar que cualquier proyecto de ley que sea aprobado bajo una modalidad alternativa sea eventualmente rebatido a posteriori con intervención de la Justicia por cuestiones de procedimiento.
Excepción, necesidad y urgencia
La situación actual del congelamiento del Congreso en Argentina es un caso excepcional. El coronavirus afecta a prácticamente todo el mundo, pero es difícil encontrar otro país donde se tomen las decisiones casi sin intervención del Poder Legislativo, aun durante la pandemia.
Desde la modificación de la Constitución Argentina en 1994, se fortaleció el sistema presidencialista, al permitirle al primer mandatario sancionar decretos de necesidad y urgencia (DNU), que deben ser aprobados por una comisión bicameral de ocho diputados y ocho senadores, con un titular que responde al oficialismo, por lo que nunca son cuestionados.
El expresidente Carlos Menem (1989-1999), durante sus 10 años en el poder, firmó 284 DNU. Su antecesor, Raúl Alfonsín (1983-1989), solo seis. En sus ocho años de Gobierno, Cristina Kirchner firmó 76, mientras que en cuatro años Mauricio Macri (2015-2019) firmó 70. Alberto Fernández, en cuatro meses lleva 32, 27 de ellos en lo que va de 2020, en un contexto de crisis económica y sanitaria sin precedentes.
