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La industria detrás del COVID-19: patentes absurdas atentan contra la vida

© Foto : CDC/ Debora CartagenaMascarillas 'N95'. Imagen referencial
Mascarillas 'N95'. Imagen referencial - Sputnik Mundo
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Inmersos en una crisis sanitaria, muchos países buscan formas de asegurar el abastecimiento de insumos como las mascarillas 'N95'. La alta demanda disparó una serie de confrontaciones entre Estados y empresas que involucra la nacionalización de los stocks y una guerra de patentes.

La pandemia de coronavirus obligó a sistemas sanitarios de todo el mundo a requerir la mayor cantidad posible de elementos de protección como trajes de bioseguridad, guantes o mascarillas, entre otros. En ese contexto, y más allá de los debates sobre quiénes deben usarlas, las mascarillas denominadas 'N95' se convirtieron en las más demandadas.

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La denominación 'N95' corresponde a un estándar elaborado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) de EEUU, que certifica que logra filtrar el 95% de las partículas de aire —de ahí el número 95— pero no filtra aceite —señalado por la letra 'N'—.

A medida que los brotes de coronavirus se extendieron en el mundo, los diferentes países buscaron formas de asegurar que este tipo de mascarillas sea suficiente para el personal médico, el más expuesto a la contaminación durante el contacto con pacietnes infectados. El aumento explosivo de la demanda disparó los precios del producto y puso la mira sobre los fabricantes de este tipo de mascarillas.

El mercado de la producción de mascarillas N95 tiene decenas de competidores (la NIOSH, por ejemplo, tiene cientos de modelos de diferentes marcas en su lista de aprobados), aunque hay algunas empresas que se destacan por sus volúmenes de producción como Makrite (con sede principal en Taiwan) y Moldex y 3M, con base en EEUU, entre otras.

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Esta última es, en realidad, el mayor distribuidor del mercado de este tipo de productos, lo que le ha valido enfrascarse en un conflicto con el Gobierno de Donald Trump. A comienzos de abril, y ante la escasez de mascarillas para el personal de salud de EEUU, el presidente estadounidense decidió invocar la 'Ley de Producción de Defensa', una norma de 1950 que habilita a la Casa Blanca a obligar a empresas a proveer de determinados productos necesarios para la "defensa nacional".

Luego de invocar la ley para obligar a General Motors a fabricar respiradores, Trump apuntó los cañones contra 3M, al comprobar que la compañía, que tiene su sede principal en Minnesota, no volcaba el 100% de su producción al mercado estadounidense sino que continuaba abasteciendo los mercados de Canadá y América Latina.

La compañía no tardó en responder que limitar las exportaciones a Canadá y América Latina tendría "implicaciones humanitarias significativas", al tiempo que podría desencadenar que esos países adoptaran medidas espejo, dificultando aún más el abastecimiento a EEUU.

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Finalmente, el 6 de abril, la compañía anunció un acuerdo con el Gobierno Federal para importar 166,5 millones de mascarillas para uso en EEUU durante los próximos tres meses. Según el acuerdo, ese número de mascarillas llegará desde la fábrica de la empresa en China, por lo que la Casa Blanca debió comprometerse a eliminar las restricciones a las importaciones al país asiático.

Con ese acuerdo, la empresa aseguró que podría continuar abasteciendo a los mercados de América Latina y Canadá, donde es el proveedor principal.

La guerra de las patentes

La polémica por el abastecimiento de mascarillas no abarcó solo a la capacidad de las empresas de fabricar sino que llegó también al cuestionamiento de las patentes que mantienen sobre los productos.

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Antes de que 3M anunciara su acuerdo con el Gobierno Federal, el gobernador del estado de Kentucky, Andy Beshear, reclamó públicamente que la empresa 3M liberara las patentes de sus mascarillas N95 para que pudieran ser elaboradas también por otros fabricantes. Según el gobernador, liberar la patente durante la pandemia era un "deber patriótico" de la empresa para que "cualquiera pudiera realizarla".

La fijación de los gobernantes estadounidenses con la empresa 3M es que, a pesar de que no es el único productor, es el mayor proveedor en EEUU. En efecto, y según un relevamiento consignado por la organización Health Policy Watch, la compañía tiene 441 patentes registradas que incluyen 'N95' o 'respirador'.

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La posibilidad de que las patentes sean un obstáculo para la atención sanitaria durante la pandemia es una preocupación compartida por varias organizaciones. La Knowledge Ecology International (KEI), una organización dedicada al estudio de problemas relacionados con la propiedad intelectual, envió en marzo una carta al Instituto Nacional de Salud (NIH) de EEUU señalando la posibilidad de que el Gobierno Federal utilice mecanismos contenidos en la 'Ley Bayh Dole' para asegurar que los inventos realizados con financiación pública estadounidense sean accesibles al público.

La normativa señalada permitiría, según KEI, que EEUU pueda asignar a entidades internacionales —como la Organización Mundial de la Salud (OMS)— derechos sobre algunas licencias. Eso también permitiría que el país norteamericano podría acceder a licencias abiertas de otros proyectos no financiados por EEUU.

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En su respuesta, el NIH aseguró que esa vía era una de las alternativas manejadas por el Gobierno Federal "para acelerar el objetivo de identificar tecnologías seguras y efectivas para tratar y prevenir infecciones de COVID-19".

La discusión acerca de las licencias llegó a la OMS gracias al Gobierno de Costa Rica, que a fines de marzo propuso conformar una alianza internacional para compartir derechos sobre test, medicinas y vacunas con acceso libre o licencias con "precios razonables y accesibles" para los países.

La propuesta del país latinoamericano fue bien recibida por el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, quien aseguró que el organismo internacional se encontraba trabajando "en los detalles" de la iniciativa junto al Gobierno costarricense.

La idea de Costa Rica encontró apoyo también en Europa. El primer ministro de Países Bajos Hugo de Jonge se manifestó a favor de la propuesta, indicando que las invenciones para tratar el COVID-19 "deben estar disponibles para todos de forma gratuita o por pagos razonables".

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