"Mi madre ha muerto de coronavirus, el único consuelo que nos queda es que ella ya estaba bastante mal y según nos dicen, no ha sufrido. Pero siempre te quedas pensando, si ellos hubieran actuado bien, quizás no se hubiera llegado a contagiar".
En la historia de Silvia hay un doloroso adiós. Su madre, con un estado muy avanzado de Alzheimer, falleció el día 27 de marzo en el centro para mayores Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
Se trata de una de las residencias con más muertos en su interior y está cerrado a cal y canto para miradas externas. Desde el pasado día 12 de marzo, el centro, con unos 175 internos habitualmente, limitó las visitas de familiares por el riesgo de contagio y ya está intervenido y medicalizado por el SAS (Servicio Andaluz de Salud). El día 15 la familia de Silvia supo que su madre tenía fiebre. Desde entonces hasta el día 27, no pudieron tener ningún contacto directo.
La Junta de Andalucía ha pedido disculpas por la falta de transparencia y afirma que se depurarán responsabilidades. Pero para los familiares, estas medidas no solo llegan tarde, sino que son insuficientes.
"Nos decían desde recepción que si nadie nos había dicho nada quería decir que todo iba bien, sin novedad no hay porqué preocuparse", pero repentinamente sí tuvieron motivos.
El día 27 llamaron de la residencia para comunicar que a su madre la trataban con morfina y que estaba sedada. Esa misma tarde murió.
Su madre llevaba 2 años y medios en el centro Joaquín Rosillo, en ese tiempo Silvia y su familia constatan graves hábitos en el cuidado a los mayores.
"Ha habido antecedentes de secretismo y ocultismo. Ya en enero de 2019 vimos que mi madre tenía unas manchas en la piel. En noviembre, tras varias consultas médicas en la residencia decidimos llevarla a un hospital externo donde nos confirmaron que tenía sarna, la dermatóloga que la examinó se quedó espantada porque es una cuestión de salud pública".
Silvia sostiene que por el historial médico de su madre descubrieron que en la residencia ya le habían tratado esta enfermedad contagiosa, "pero nos lo ocultaron deliberadamente durante meses".
Dramas silenciados
Otra historia de dolor y pérdida también está salpicada por la sombra de la negligencia.
Salomé llevaba más de dos años interna en este centro. Murió este pasado día 3 en el Hospital del Sagrado Corazón. Su marido, Pepe Castro, explica que era la segunda vez que era ingresada en las últimas semanas. La primera vez fue debido a que delante suya ella "vomitó con un color extrañísimo, la residencia quería pedir un médico pero yo llamé a la ambulancia".
En el hospital descubrieron que se trataba de una obstrucción intestinal aguda, "lo que es una negligencia enorme, ¡qué en una residencia para alguien con problemas de movilidad como era mi mujer ni siquiera comprueben si vas al baño!", argumenta Castro. Este episodio es de inicios de marzo.
De vuelta a la residencia y con las primeras medidas de confinamiento en marcha, Pepe Castro también se vio privado de contacto con su mujer. "Difícilmente me atendían y cuando lo hacían siempre me decían que todo estaba bien. Con ella no pude hablar en todo ese tiempo. Solo una vez un responsable me hizo el favor de ponerme en contacto con ella. Le dije que la quería y ella me dijo yo también a ti."
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Días después Salome fue trasladada de nuevo al Hospital Sagrado Corazón. Pepe Castro, sin previo aviso, recibió una llamada urgente. "Me dijeron que mi mujer estaba muy muy malita. Que me fuera preparando". El problema de Salomé volvía a ser el mismo, una obstrucción intestinal y un día más tarde detectaron que además era positivo por COVID-19. Murió a la mañana siguiente.
"No pude volver a verla, solo la vi sedada y entubada antes de morir".
Enrique Rodríguez, director de la residencia ha emitido un comunicado a determinados medios en el que afirma haber cumplido "en todo momento, de forma estricta y escrupulosa, con la obligación de mantener puntualmente informados a los familiares". No obstante, esa declaración según diversos testimonios no es cierta. Todas las personas entrevistadas denuncian falta de información y ocultismo.
Este salto en las cifras tiene un responsable, Manuel Borrego Díaz, que llevaba desde hacía semanas alarmando de las muertes en el interior del centro para mayores Joaquín Rosillo. Su madre es residente en el centro y está también contagiada. A través del sindicato de CCOO, Manuel Borrego dio con la revelación de una trabajadora anónima del centro que denunciaba lo que allí sucedía sin que saliera a la luz. Borrego estuvo tratando de conseguir información, contactar con la gerencia y con todas las autoridades sin respuesta, hasta que decidió acudir a la prensa.
"Era la sensación de estar intentando abrir en una muralla una ventana a cabezazos. No había manera de sacar algo de luz de allí. La oscuridad informativa es enorme".
Su labor propició que la Junta asumiera la escandalosa cifra de 24 muertes en una sola residencia, "pero lo realmente grave es que esos son los cálculos oficiales de la Junta, por las informaciones que nos llegan desde el interior de la residencia, los fallecidos hace una semana ya superaban los 40, lo peor aún no lo sabemos", comenta Borrego.
La bola de nieve sigue rodando
"Es tan indignante que te deja sin palabras, si empieza a haber fallecidos hay que contarlo y reaccionar, no esconderlo y esperar. Estamos hablando de seres humanos, no paquetes", lamenta otro de los familiares, Alfonso Sánchez. Su madre ha dado negativo en los últimos test, pero sigue interna en uno de los mayores focos de COVID-19 de Andalucía y España.
Su testimonio revela que las medidas de aislamiento adoptadas en el centro son tardías. No salía de su asombro cuando supo que a su madre ni siquiera la cambiaron de habitación tras día de convivencia con su compañera contagiada.
Todos los familiares consultados para este reportaje resaltan la labor de los trabajadores de la residencia, no así de una gerencia tachada de inaccesible. Una extrabajadora, que prefiere permanecer en el anonimato, revela la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad a los mayores.
"Es un trabajo agotador, el problema es que se cumplen las ratios de personal, pero no la categoría de ese personal. ¿De qué sirve tener a celadores o limpiadoras si no hay suficientes auxiliares de enfermería?". Aunque dejó su puesto recientemente sigue en contacto con sus excompañeros, "se están realizando ahora turnos de 12 horas, es una residencia enorme, a veces ha habido solo 6 personas para atender a más de 150 abuelos."
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Manuel Borrego denuncia que la intervención de la Junta no se traduce en más equipamiento o personal. "Por la información que tenemos de primera mano de los trabajadores la situación es la misma, solo que ahora remiten a la Junta para que informe. Simplemente se pasan la pelota entre administraciones". Manuel Borrego, quien echó a andar una bola de nieve de indignación que no para de agigantarse, alerta de que la residencia reacciona muy lento.
"Tienen una planta en el sótano libre y las camas vacantes de una treintena de personas que han sido trasladadas a los hospitales, pero ni siquiera así, han llevado a cabo la separación de los positivos".
A la espera de saber cuál será la dimensión de la tragedia en esta y en cientos de residencias de toda España, algunos pocos familiares han decidido alzar la voz. Para algunos como Silvia ya es demasiado tarde, sin embargo —concluye— hay que luchar, "mi afán ahora es que esto no vuelva a ocurrir, que los centros de mayores tengan más garantías".
Por lo pronto, el drama de COVID-19 vuelve a dejar patente la enorme vulnerabilidad de los mayores en las residencias. Solo en Andalucía unas 45.000 personas mayoras viven en ellas.
