Las cartas a nombre del Gobierno británico fueron publicadas en Twitter por el diputado independiente Andrew Wilkie, quien dirige un grupo parlamentario interpartidario para el regreso de Assange a Australia. Las cartas están escritas en nombre del propio Wilkie, así como del copresidente del grupo George Christensen.
"El COVID-19 ya está en las cárceles del Reino Unido. Julian Assange se ve expuesto a un alto riesgo debido a su condición pulmonar crónica y debe ser puesto en detención domiciliaria. Él no representa riesgo para el público", dice el tuit.
La madre de Assange apoyó este gesto de los políticos australianos.
"Los diputados/senadores australianos envían cartas urgentes al Gobierno del Reino Unido instándolo a liberar al periodista australiano enfermo y sufriente Julian Assange para ponerle en detención domiciliaria y salvar su vida del COVID-19 que infectó las prisiones del Reino Unido", tuiteó Christine Assange.
Australian MPs/Senators send urgent letters to UK Govt,
— Christine Assange (@MrsC_Assange) April 9, 2020
urging them to release sick & suffering Australian journalist Julian Assange to home detention,
to save his life from #COVID19 infected UK prison
Great sample letters for supporters!#UKBailAssange
Read here👇 https://t.co/2lvYczK9x6
La Corte de Westminster había rechazado posponer hasta el otoño la segunda fase del juicio de extradición de Julian Assange, y mantuvo en la agenda la fecha del 18 de mayo.
La mayoría de los tribunales británicos suspendieron las actividades y están cerrados al público.
El Gobierno impuso estrictas medidas de distanciamiento y reclusión social para frenar la propagación del coronavirus el 23 de marzo. Assange no está incluido en el programa de excarcelación anticipada de presos que comienza de forma generalizada este 7 de abril.
De acuerdo con medios, se han registrado nueve muertes por COVID-19 en cárceles de Inglaterra y Gales, incluido un fallecido en Belmarsh, en el sureste de Londres.
La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un presunto delito de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y 17 cargos por difundir información clasificada en violación de la ley de Espionaje. Los cargos conllevan una pena de hasta 150 años en prisión, equivalente a la cadena perpetua en el caso de Julian Assange.
