Tras la declaración del estado de alarma el pasado día 14, que impuso medidas de confinamiento para la mayor parte de la población, marzo dejó los peores datos de la historia del país en términos de empleo, certificando una caída de la ocupación de 898.822 personas, un desplome producido pese a que las dos primeras semanas del mes arrojaron datos positivos.
Puestos al microscopio, los datos sobre el descenso de la ocupación muestran a las claras que los más afectados son los sectores de población que ya antes de esta crisis sufrían una mayor precariedad.
De la caída de casi 900.000 afiliaciones a la seguridad social, cerca del 70% (613.000) son personas que tenían trabajos temporales, centrándose la pérdida de empleos en sectores de mano de obra por lo general poco cualificada como hostelería, construcción y servicios.
"La cifra es mala sin paliativos. El shock ha sido especialmente traumático tanto por su magnitud como por el hecho de que ha recaído con los trabajadores con una protección jurídica más débil", señala en conversación con Sputnik el catedrático de Economía Joan Tugores, de la Universidad de Barcelona.
El parón económico por el coronavirus vierte sal sobre la herida de la temporalidad, que desde hace años es un problema estructural en España: según la Encuesta de Población Activa, la proporción de trabajadores temporales sobre los asalariados es del 26,3%, más de un cuarto del total.
Este mecanismo, al que ya recurrieron cientos de miles de empresas, permite que una compañía cese su actividad sin despedir a sus trabajadores, que pasan a recibir prestaciones por parte del Estado de hasta el 70% de su salario.
Los principales sindicatos coincidieron en señalar que el desplome del empleo no fue mayor gracias a las facilidades puestas para la presentación de ERTE, pero la mera constatación del gran número de expedientes presentados alerta sobre un parón que traerá consecuencias por mucho tiempo.
Protección insuficiente
Pese a la respuesta del Gobierno, con medidas como establecer improcedentes despidos que aleguen el COVID-19 como causa, los colectivos laboralistas ven necesario redoblar esfuerzos para proteger a los trabajadores del shock.
A modo de ejemplo, apunta que declarar como improcedente el COVID-19 como causa de despido no implica su nulidad, sino que obliga al empresario a pagar una indemnización mayor, por lo que "la ley no dice que se prohibirán los despidos".
"No se están prohibiendo las extinciones ante una situación puramente coyuntural, lo que incide de forma negativa en la inestabilidad del empleo que puedan tener las personas", añade.
Además, según relata, su propia experiencia en estos días le ha permitido constatar que "se están produciendo finalizaciones de contratos temporales en términos abusivos de forma masiva".
Detener la sangría
Una vez constatada la magnitud del problema, la tarea pendiente del Gobierno no es solo afinar en las medidas de protección, sino asegurar su operatividad.
"Uno de los ingredientes de ese nuevo contrato puede ser la cobertura de las necesidades básicas de cualquier ciudadano", dice este catedrático de Economía sobre la posibilidad de establecer, por ejemplo, una renta básica.
Sin embargo, más allá de detenerse en debates sobre cómo se debe formular la respuesta, Tugores destaca que lo verdaderamente importante ahora es garantizar que cualquier medida adoptada sea "plenamente operativa".
Esta necesidad se ejemplifica en el caso de Alejandro, un informático de 27 años de Madrid que está a la espera de la aprobación de un ERTE que le reducirá la jornada a un 30% de sus horas, haciendo que la compañía pague la parte proporcional de su sueldo, que luego será completada hasta el 70% con dinero público.
Ante una situación de crisis como la actual —concluye Tugores— si las prestaciones sociales se atascan en laberintos de "tramitación, el papeleo y burocracia" puede "cundir la desesperación e incluso el hambre".
Por ello, lo que primero es "que los hogares más vulnerables tengan cubiertas sus necesidades básicas de forma inmediata" y, una vez se haya hecho eso, ya habrá tiempo de "refinamientos y sutilezas" sobre cómo afrontar el impacto económico del COVID-19 en el largo plazo.