"Frente a unas recetas que pusieron como primera prioridad de la sociedad la reducción del déficit público, por encima incluso del empleo, la salud o la economía de los hogares, en esta ocasión hay una apuesta por afrontar esta crisis de la manera opuesta: usando las herramientas del Estado para proteger a los trabajadores y las familias", dijo en una comparecencia de prensa ofrecida este 19 de marzo.
Iglesias señaló que el Gobierno de España ya se encuentra trabajando en ese sentido, destacando el acuerdo alcanzado el 17 de marzo para activar un plan de choque por el que se movilizarán 200.000 millones de euros — 117.000 de ellos públicos y el resto privados— para responder a la crisis.
Como parte de ese plan, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este 19 de marzo la transferencia inmediata de 210 millones de euros a las distintas administraciones regionales del país para empezar a "hacer frente al gasto de la batalla contra el virus".
Por su parte, Pablo Iglesias —encargado del área de Derechos Sociales— anunció que el 20 de marzo tendrá una reunión con dirigentes regionales para facilitar el reparto de otros 300 millones de euros para, además de la transferencia al ámbito sanitario, reforzar la atención social en esta crisis.
En su comparecencia ante la prensa, Iglesias destacó que "la crisis del coronavirus no solamente es una emergencia sanitaria, es también una emergencia económica y social".
Por ello defendió que "no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico social".
En ese sentido insistió en "aprender de los errores de 2008" y "emprender un camino diferente" porque "esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre"
"Les transmito el compromiso de este Gobierno de no dejar a nadie atrás", dijo antes de celebrar que —a la luz de las medidas anunciadas en los últimos días— "España y Europa han decidido dejar atrás los dogmas de la austeridad fiscal que ya fracasaron en la anterior crisis".
Pese al rotundo discurso de Iglesias contra las políticas de austeridad, el propio Gobierno de España muestra divisiones internas al respecto, ya que la vicepresidenta tercera —Nadia Calviño, encargada del área económica— es una férrea defensora de la ortodoxia europea en cuanto a la gestión del déficit público.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, España cuenta con 17.147 personas diagnosticadas con la enfermedad del coronavirus, que ya ha causado 767 muertes en el país.
Desde el Ministerio de Sanidad advirtieron este 19 de marzo que se vienen "días duros" porque España todavía se está aproximando al pico de contagios, lo que hace prever un aumento notable de los casos en los próximos días.
Para responder a la crisis generada por la expansión del coronavirus, el Gobierno de España decretó el estado de alarma el 14 de marzo, una declaración que tiene una duración de 15 días y que previsiblemente deberá ser ampliada por el Congreso.
Al amparo de esa declaración de alarma, el Gobierno dictó medidas como:
- Limitar la libertad de movimiento de la población en todo el territorio;
- Clausurar la actividad educativa;
- Reducir la actividad laboral;
- Desplegar unidades militares en las calles o cerrar las fronteras terrestres.
Son unas medidas que por el momento están siendo implementadas sin grandes incidentes gracias a la colaboración ciudadana.
