"El Poder Ejecutivo, por encima del Congreso, ha tomado medidas razonables, más allá de que en algún punto pueden definirse como inorgánicas y hasta desordenadas", señaló Badeni a esta agencia.
El Gobierno argentino puso en marcha diversas disposiciones para frenar que el coronavirus se propague entre la población, como el cierre de fronteras, cuarentena obligatoria para los pasajeros provenientes de zonas de riesgo, limitación de movimientos y restricciones en el transporte público.
Sin embargo, la actual gestión del presidente Alberto Fernández ha adoptado "algunas medidas que están en el límite, como la prohibición de entrada al país de forma indiscriminada, porque viola la libertad de tránsito que tiene jerarquía constitucional", observó el abogado constitucionalista.
Por ejemplo, el Ejecutivo ha prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en el país hasta el 31 de marzo.
El decreto n.º 274 publicado el pasado lunes por el Gobierno establece la prohibición de ingreso a Argentina durante los próximos 15 días "de personas extranjeras no residentes en el país" que traten de acceder a través de puertos, pasos internacionales, aeropuertos y centros de frontera.
En una disposición posterior emitida este miércoles, el Ejecutivo exceptuó a los extranjeros que se encuentren de paso hacia otro país.
"Se puede exigir una revisión de las personas que quieren ingresar a Argentina, pero no invocando exclusivamente el riesgo de que padezcan o tengan el virus consigo sin previa revisión que determine esa circunstancia, pues no se puede restringir de forma absoluta la libertad de tránsito", profundizó.
Otra iniciativa que puede ser discutida son las sanciones penales que ha establecido el Poder Ejecutivo de forma reducida para aquellas personas contagiadas con el COVID-19 que no cumplan con el aislamiento.
En relación a la delegación de facultades legislativas del presidente, la Constitución establece "de forma expresa que el Poder Ejecutivo no puede establecer contravenciones o multas como delitos en materia penal, pues es una facultad propia del Congreso, que no ha sancionado ninguna ley sobre el particular hasta ahora".
Ante presuntas vulneraciones, la ciudadanía puede presentar una acción de amparo para que se decrete la invalidez de las disposiciones del Gobierno, señaló Badeni.
Hasta el momento el Ministerio argentino de Salud ha confirmado 79 casos de coronavirus en el país, con 14 casos detectados el pasado martes 17.
