Uematsu, de 30 años, había admitido el crimen y alegado durante el juicio que las personas con discapacidad y que no pueden comunicarse bien no tienen derechos humanos. También afirmó que no apelaría el veredicto, cualquiera que fuese.
La Fiscalía había exigido la pena de muerte para Uematsu, mientras que la defensa había insistido en que fuera declarado mentalmente incompetente e inimputable.
Según la acusación, Uematsu asestó puñaladas letales a 19 internos del centro Tsukui Yamayuri-en, en Sagamihara, e hirió a otros 24 en la madrugada del 26 de julio de 2016. También ató a cinco empleados al pasamanos en un corredor, causando lesiones a dos de ellos.
