Tras más de siete horas de debate, el 10 de marzo de noche los diputados aprobaron "que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, y de niños y niñas pobres con discapacidad, de jóvenes de escasos recursos económicos, el derecho a recibir becas para estudiar, en todos los niveles escolares, y el derecho del pueblo a la salud", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
La novedad de la reforma es que obliga al Estado a garantizar el presupuesto para esos programas, a los cuales su Administración destinará entre 400.000 y 500.000 pesos (entre 20.000 y 25.000 millones de dólares), agregó el mandatario.
La nueva legislación pasará al Senado y después a los congresos de los 32 estados de la federación mexicana, donde se requiere la mitad más uno de congresos locales para su aprobación definitiva.
Contenido de la reforma
López Obrador explicó que "nunca va a disminuir el presupuesto" gubernamental para esos programas, porque los legisladores aprobaron que cada año el gasto público destinado a ese rubro debe ser mayor y nunca reducirse, como mandato constitucional.
La media sanción en la Cámara Baja, integrada por 500 diputados, reforma al artículo cuatro de la Constitución para definir la garantía del derecho de los ciudadanos a un "Estado de bienestar".
El voto "en lo general" abre la discusión "en lo particular" de los cambios a la Carta Magna, fue aprobado por 385 votos en favor de todas las bancadas, excepto el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), cuya bancada se dividió, con 47 diputados en contra y 18 abstenciones en esa bancada que es la mayor de la oposición.
También aprobaron el dictamen toda la bancada del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y del Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).
Al PAN solo se sumaron dos legisladores independientes y uno del PRD.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) explicó que la reforma "garantiza la protección del derecho a la salud, que implica la prestación de servicios de salud, mediante atención médica, tratamientos, medicinas, y procesos de rehabilitación".
Esta reforma se suma a otras aprobadas en 2019, que establecen la revocación del mandato presidencial mediante referéndum a la mitad del periodo de seis años; que el límite del salario de funcionarios sea de unos 5.000 dólares que gana el mandatario; consideran delito grave la corrupción y el lavado de dinero, sin derecho a fianza, entre otros cambios.
