Migliorino advierte de que los operadores de al menos cuatro puentes ya deberían haber cerrado el tráfico o prohibido que los camiones pesados circulasen por ellos. El ingeniero empezó a inspeccionar los viaductos italianos después de que un puente en Génova colapsase en agosto del 2018 y falleciesen 43 personas.
Las empresas privadas que operan las carreteras son responsables, según los contratos de concesión, de garantizar la seguridad de los puentes. El Ministerio de Transporte de Italia tiene la potestad de invitarlas a actuar si se producen descuidos por su parte. Sin embargo, el ente no puede obligarlas a tomar las medidas necesarias.
"La paradoja es que el Ministerio no tiene el poder de ordenar que se cierre el tráfico. No puedo ir físicamente y cerrar una autopista", lamenta Migliorino, a quien los medios locales loan por su perseverancia.
Ahora, Italia está concentrada en contener la propagación del brote de coronavirus. No obstante, cuando se habla de las carreteras la coalición gobernante no se mueve más allá de la retórica acalorada.
Actualmente, cerca de 1.000 de los 7.000 kilómetros de carreteras son operados por empresas privadas. El debate gubernamental propone revocar los contratos de concesión lucrativos que fueron otorgados a estas compañías, lo que supondría un ataque contra una de las familias más poderosas de Italia: los Benettons, cuyo enorme imperio incluye la mayor operadora de autopistas en Europa, Autostrade per l'Italia.
Migliorino se vio atascado por el juego burocrático de ping pong tras haber inspeccionado en repetidas ocasiones el puente Cerrano, que conecta el sureste con el resto del país. El ingeniero descubrió que sus piezas metálicas se encontraban en estado de deterioro avanzado. Envió varias cartas a Autostrade per l'Italia. En una de ellas recomendó a la empresa cerrar la circulación a los camiones pesados. La empresa indicó que no tomaría las medidas necesarias hasta que un fiscal pidiese que el juzgado emitiera la orden respectiva.
El problema reside en que las autoridades provinciales y regionales, así como las empresas privadas que operan los puentes con contratos de concesión, son reacias a la hora de asumir responsabilidades, aseveró Ercole Incalza, exempleado del Ministerio de Transporte de Italia.
Los ministros prometieron fundar una nueva agencia que revise la seguridad, y declararon que invertirían miles de millones de euros para abolir los riesgos hidrogeológicos. Todas estas promesas se materializaron, pero lo hicieron solo después de que colapsase otro puente. Situado en Liguria, el viaducto en cuestión era operado por la sociedad Autostrada dei Fiori, y se desplomó en noviembre de 2019 durante un alud causado por las fuertes lluvias.
Mientras las empresas privadas han estado supervisadas por las autoridades, las carreteras operadas por el Estado también tuvieron puentes que finalmente colapsaron, matando a un total de tres personas desde 2017. A día de hoy Italia posee unos 30.000 puentes y túneles públicos. Una asociación de provincias italianas revisó al menos 6.000 de ellos y determinó que la tercera parte de necesita ser reparada urgentemente.
