"Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes", afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, se señala en el comunicado.
Desde el 21 de noviembre de 2019 miles de colombianos salieron a las calles como parte de un paro nacional para protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos.
"En varios casos, la Policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas 'menos letales' durante operaciones antidisturbios", indicó el organismo.
Vivanco señaló que "es clave" que el presidente (Iván) Duque "envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a los policías a violar los derechos humanos".
Según HRW, la Fiscalía General de Colombia dijo en enero que investiga 72 casos de posibles abusos perpetrados por policías durante las protestas, pero "nadie había sido imputado", mientras que el Ministerio de Defensa indicó a HRW "que el sistema de justicia penal militar estaba investigando a 32 casos de posibles abusos" relacionados con las protestas.
"Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia penal ordinaria, no por la justicia penal militar", precisó la organización.
HRW recordó el caso del homicidio de Dilan Cruz, de 17 años, quien el 23 de noviembre pasado recibió el disparo de un perdigón en su cabeza por parte de un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía en medio de una protesta pacífica.
También dijo que hay evidencias de que la Policía "ha detenido arbitrariamente" a manifestantes pacíficos y transeúntes, así como a periodistas que daban cobertura a las protestas.
Por último, HRW señaló que desde el 23 de noviembre, las autoridades colombianas expulsaron a 61 extranjeros, incluidos 60 venezolanos y un peruano, a quienes acusaron de participar en actividades que comprometen el orden público y la seguridad nacional.
"Las autoridades colombianas han acusado reiteradamente a ciudadanos venezolanos y al Gobierno de Nicolás Maduro de instigar las protestas, sin aportar ninguna evidencia al respecto; algunas de estas expulsiones parecen haber sido arbitrarias", señaló HRW.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, acusó a Venezuela de enviar personas encapuchadas para las protestas en contra del Gobierno de Iván Duque, acusación que fue desmentida por el canciller venezolano Jorge Arreaza el 22 de noviembre.
