"Por más de dos tercios la ALP (parlamento) aprueba la censura del ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, tras inasistencia de esta autoridad al acto de interpelación por tercera vez consecutiva. En cumplimiento del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, López deberá ser destituido", anunció en la noche el órgano legislativo en un tuit a nombre de la Vicepresidencia del Estado.
#AHORA | Por más de dos tercios la #ALP aprueba la censura del ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, tras inasistencia de esta autoridad al acto de interpelación por tercera vez consecutiva. En cumplimiento del Artículo 158 de la #CPE, López deberá ser destituido. pic.twitter.com/ZTDgqp1FYk
— Vicepresidencia de Bolivia (@VPEP_Bol) March 7, 2020
Esta era la primera censura a un ministro de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, por parte de un Parlamento ampliamente dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del depuesto mandatario Evo Morales, que había mantenido una actitud amistosa en los casi cuatro meses que la senadora opositora lleva como gobernante del país.
Áñez, quien ha declarado repetidamente que cumplirá las normas vigentes, debe decidir si reemplaza o no al ministro López, uno de sus más estrechos colaboradores.
La censura fue votada al final de una jornada marcada por nuevas protestas antigubernamentales en la ciudad vecina de El Alto, en demanda entre otras cosas de castigo a los responsables de la muerte de al menos diez vecinos de esa ciudad durante una operación policial-militar que pretendía romper un bloqueo de vecinos a una planta de distribución de combustibles.
Pocos días antes de los hechos de Senkata, otra operación conjunta de policías y militares dejó por lo menos una decena de muertos y más de 30 heridos entre productores de coca que pretendían ingresar a la ciudad de Cochabamba (centro), también en protesta contra Áñez.
Las operaciones conjuntas de militares y policías para reponer el orden interno fueron autorizadas por Áñez mediante un decreto que liberó a los uniformados de responsabilidades penales por la represión.
