La Justicia federal vive una importante crisis institucional en Argentina. El Gobierno acusa a jueces de lawfare (o guerra judicial) por el abuso de prisiones preventivas, espionaje y extorsión mediante el uso opaco de los Servicios de Inteligencia y presión mediática durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El accionar de los jueces penales federales de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, encargados de investigar los principales casos de corrupción y narcotráfico en el territorio nacional, vuelve a estar en tela de juicio, una situación que acumula décadas de desconfianza.
"No es una cosa nueva, usualmente se coloca al Gobierno de Carlos Menem [1989-1999] como el punto de partida del deterioro, que consistiría en hacer que el fuero penal empiece a actuar de acuerdo con el poder político. Esto ha empeorado con el agravante del empleo de los Servicios de Inteligencia, que se profundizó bastante con el Gobierno de Macri", dijo a Sputnik el politólogo Gustavo Castagnola, doctor en Ideología y Análisis del Discurso.
Alberto Fernández anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo fuero penal, para desconcentrar el poder de Comodoro Py, y evitar el uso discrecional de las causas y medidas judiciales viciadas. Además, la reforma jubilatoria del Poder Judicial dejaría numerosas vacantes que permitirían renovar gran parte del aparato.
Revelación inesperada, reacción esperada
Esta última semana, Argentina vivió dos momentos clave en la discusión acerca de las acusaciones de lawfare que lleva adelante el Gobierno. El primero fue la liberación de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal (2003-2015) durante los tres mandatos del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, tras pasar dos años en prisión preventiva.
De Vido estaba detenido sin condena firme por la causa que lo acusa de supuesta defraudación al Estado en la reactivación de la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la provincia de Santa Cruz. El exdiputado contaba con prisión domiciliaria desde diciembre de 2019.
Carlos Pagni, uno de los columnistas principales del diario, develó que "los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación un domingo [3 de abril de 2016] estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo."
La columna fue interpretada por la expresidenta como una confesión del diario de su complicidad con el lawfare que se habría instalado en el país durante los cuatro años de gestión macrista, una persecución adelantada por los poderes político, judicial y mediático.
He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 4, 2020
"Las declaraciones de Cristina Fernández apuntan a algo que fue señalado insistentemente por mucha gente: que se cometieron serias irregularidades en la instrucción y en los procesos que condujeron a las prisiones y las condenas. Esto es importante, si nosotros efectivamente estamos en un Estado de derecho, donde es absolutamente fundamental que se respeten las garantías constitucionales", remarcó Castagnola.
"El que cometió un delito debe ir preso, pero debe ir preso de acuerdo a previsiones que garanticen el debido proceso. Porque si no hasta se puede dar el caso de que una persona sea culpable pero termine saliendo por un tecnicismo", advirtió Castagnola.
Y sintetizó: "El deterioro de la Justicia federal y el uso político que se hace de esto provocan un daño gigantesco en la sociedad porque está tan manoseada la aplicación de la Justicia en Argentina que ser culpable o ser inocente depende de lo que uno crea y no de la evidencia judicial".
