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Ministerio de Defensa colombiano apela indulto dado por jurisdicción de paz a exFARC

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BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa colombiano presentó una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz para que le revoque la amnistía a la exguerrillera de FARC Marilú Luz Ramírez Baquero, conocida como 'Lulú' o 'Mata Hari', luego de que esa jurisdicción la indultó por un atentado la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, en 2006.

Con este recurso el Ministerio argumenta que "el terrorismo no es conexo al delito de rebelión", por lo que "no puede ser materia de indulto o amnistía", anunció el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, indicó su despacho.

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El pasado febrero la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP concluyó que Ramírez fue la encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño de la entonces guerrilla de las FARC, estructura responsable del atentado con coche bomba ocurrido en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, el 19 de octubre de 2006.

La entonces guerrillera se infiltró durante ocho años como estudiante en dicha Escuela, posición desde la cual suministró información para la comisión del atentado, que dejó personas lesionadas, entre militares y civiles, y causó daños en la sede de la Escuela y la Universidad Militar Nueva Granada.

La JEP concluyó que se trató de un acto de guerra de naturaleza amnistiable, acaecido en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016, por lo que le concedió la amnistía, en primera instancia, a Ramírez.

La exguerrillera se encuentra en libertad condicionada por decisión de la justicia ordinaria, que la condenó por terrorismo en concurso homogéneo con el de tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.

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Trujillo agregó que "el recurso interpuesto (ante la JEP) por el Ministerio de Defensa controvierte el concepto de objetivo militar que fundamenta la decisión (mediante la cual se le concedió el indulto a la Ramírez), ya que en la misma se desconoce que la Escuela Superior de Guerra es una institución de educación superior en la que hay personal civil".

Para el jefe de la cartera de Defensa, "esta decisión no tiene en cuenta los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición consagrados en la justicia transicional y vulnera los derechos de las víctimas".

La JEP, por su parte, no se pronuncia aún sobre el pronunciamiento de Trujillo.

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