"Con base en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio, La Fiscalía General del Estado solicita el máximo de la pena contemplada por el delito de cohecho y que se consideren agravantes para los procesados, en calidad de autor mediato Rafael Correa por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura (criminal) así como beneficiario de los sobornos", dijo Diana Salazar, Fiscal de la Nación.
Salazar calificó a los otros procesados como autores directos.
La máxima pena equivale a 6 años de reclusión, a los que habría que agregarse un tercio por agravantes, es decir un total de ocho años.
El pedido de Salazar se dio durante la audiencia de cierre del caso Sobornos 2012-2016, que involucra al exmandatario del país andino, como la cabeza de una supuesta estructura criminal que recibía coimas de empresarios privados para financiar campañas del partido oficialista Alianza País y a cambio otorgaba contratos de obra pública.
La Fiscal pidió para Martínez, que es testigo protegido de la Fiscalía, Terán y un empresario privado el 90% de la pena máxima contemplada en la Ley, por su colaboración con la Fiscalía.
Según Salazar, en la cúspide de la estructura criminal estaba Correa y a partir de ahí sus funcionarios ejecutaban las órdenes que él daba.
La imputación incluye a 10 empresarios privados.
Según la legislación ecuatoriana el delito de cohecho no prescribe y puede ser juzgado en ausencia de los acusados.
Esto limitaría el futuro electoral del expresidente Correa, quien no descartó una eventual postulación a la Vicepresidencia de la República o a la legislatura en las elecciones generales de 2021.
De ser sentenciado, deberá cumplir la pena cuando regrese al país.
La fiscal también señaló que se comenzará con nuevas investigaciones, debido a que se han encontrado temas relacionados con lavado de activos y un posible enriquecimiento ilícito además del peculado.
