"Estamos en un punto de inflexión en la agenda país, que no augura un buen escenario y es incierto", dijo Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista, organización que nuclea a 20 colectivos.
Caggiano agregó que "por un lado la vicepresidenta (Beatriz Argimón) llama a la bancada bicameral femenina para analizar la ley de paridad y por otro tenemos un gabinete con la representación mínima de mujeres… hoy los tiempos políticos e institucionales de Uruguay nos están dando una señal preocupante", agregó.
En este clima, los colectivos tienen una mayor expectativa, porque sería la primera marcha luego de la asunción el 1 de marzo del nuevo Gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.
El presidente fue elegido en la segunda vuelta de los comicios nacionales, celebrada en noviembre pasado, gracias al apoyo de una coalición electoral conformada con otros partidos de centro y de derecha.
"Tenemos expectativa que va a ser una marcha mucho mayor que el año pasado ante los nuevos cambios de Gobierno (...) para nosotros es fundamental marcar la presencia del movimiento feminista en la defensa de la agenda de derechos (...) nos alarman profundamente las declaraciones de algunos voceros del Gobierno que dicen que no entienden la agenda de derechos", dijo a Sputnik la secretaria de Género de la central sindical PIT-CNT, Milagro Pau.
Por "agenda de derechos" se entiende un paquete de leyes adoptadas en los gobiernos del Frente Amplio (centroizquierda, 2005-2020) que incluyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, la protección de las personas trans y la regulación del mercado de marihuana, entre otros asuntos.
Manini añadió que la "agenda de derechos es un título lindo" que "tendría que ser defendido por todos, pero meten cosas que no sé si son derechos".
"Señales contradictorias"
Caggiano sostuvo que el Gobierno envía mensajes "contradictorios".
"Tenemos cierta incertidumbre de cómo va a ser la articulación a la interna de este Gobierno de coalición con algunos discursos que significan algunos retrocesos importantes; en otras palabras, no sabemos cómo se posicionarán otros partidos que asumen una lógica discursiva centrada en las libertades", explicó.
En su opinión, no sólo la posición de Manini Ríos muestra retrocesos, sino que dentro del Partido Nacional de Lacalle Pou algunos políticos han sido influenciados por grupos religiosos que defienden una "agenda antiderechos".
Asimismo, dijo que Lacalle Pou tampoco se refirió a la agenda de derechos ni a la violencia machista en su discurso inaugural.
"Eso nos demuestra que hay un profunda tensión referente al tema de género y de la violencia; nos siguen matando y no pasa nada (...) no está dentro de la agenda importante del nuevo Gobierno", denunció.
En Uruguay existe una ley específica contra la violencia de género desde hace dos años, pero la sociedad civil critica que su implementación se vio frenada hasta ahora por falta de presupuesto.
Según datos estadísticos presentados por el Ministerio del Interior, durante 2019 se registraron 40.000 denuncias por violencia doméstica, lo que representa un promedio de 109 denuncias diarias, o sea una cada 13 minutos.
