"Según los sondeos, la mayoría de los costarricenses están a favor del matrimonio (igualitario), pues entiende que no violenta su manera de vivir; hay un grupo muy beligerante y radical, y otra parte muy indecisa: en todo caso, la mayoría no se opone", señaló a esta agencia Castillo, integrante de la Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos.
La corte constitucional de Costa Rica rechazó esta semana una solicitud presentada por 11 diputados del bloque conservador de la Asamblea Legislativa, para readecuar el plazo de 18 meses dado en noviembre de 2018 para la entrada en vigor del matrimonio civil entre personas del mismo género.
En enero de 2018, tras una consulta del Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Costa Rica garantizarle a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
De hecho, en febrero pasado el Juzgado Notarial del 1er Circuito Judicial suspendió por 13 años y un mes a Castillo, por haber casado en 2015 a Laura Florez y Jazmín Elizondo, quien fue inscrita con sexo masculino en el Registro Civil.
En ese contexto, el activista valoró la decisión de la Sala Constitucional de echar abajo proyectos que atentan contra derechos humanos, contra la resolución de la CIDH, e incluso contra los procedimientos legislativos para tramitar demandas.
"La gestión de los conservadores fue rechazada porque carece de validez, no fue fruto de un acuerdo legislativo, no consiguió el quórum para el trámite", explicó el jurista, quien reconoce que son necesarios más programas educativos que insten al respeto.
El matrimonio civil igualitario en Costa Rica debe entrar en vigor el próximo 26 de mayo.
