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Ombudsman de Guatemala defiende un amparo contra las reformas para fiscalizar ONG

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SAN SALVADOR (Sputnik) — El Estado de Derecho prevaleció en Guatemala con la reciente admisión de un amparo contra las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), afirmó el Ombudsman de ese país, Jordan Rodas.

"Con el Amparo Provisional de la Corte de Constitucionalidad sobre el Decreto 04-2020 Ley de ONG prevalece el Estado de Derecho. Todas las personas tienen derecho a asociarse, fundamental en toda democracia, garantizado por la Constitución", publicó Rodas, procurador para los Derechos Humanos, en su cuenta de la red social Twitter.

​Rodas agregó que desde sus funciones intervendrá en cada etapa del proceso, el cual dirá la última palabra sobre la normativa sancionada el 27 de febrero por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, pese a las críticas dentro y fuera del país.

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La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional a varias acciones presentadas por varias organizaciones sociales contra el Congreso de la República y Giammattei por unas reformas concebidas para fiscalizar a las ONG"s que operan en el país.

"Este Tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos, por lo que suspende el acto de aprobación del decreto legislativo 4-2020 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, así como todo acto posterior a la misma", decretó la Corte en un comunicado.

El tribunal constitucional reiteró que el derecho a la libertad de asociación es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, suscrito por el Estado de Guatemala.

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Giammattei alegó al sancionar la ley que "Guatemala necesita transparencia", y estimó que quienes "no han hecho un buen uso de los recursos son los que están inconformes con esta regularización".

La normativa, identificada como el decreto 4-2020, restringe el financiamiento a los grupos sociales, advierte sobre su cancelación en caso de alterar el orden público y establece sanciones civiles y penales contra sus directivos.

El diputado Aldo Dávila, quien acompañó la presentación de un amparo contra estas polémicas reformas, aseguró que las mismas afectan directamente a los grupos defensores de los derechos humanos y criminalizan a la sociedad civil.

"Es una ley regresiva, que pretende criminalizar a las asociaciones civiles que le han sacado la tarea al Estado de Guatemala en acceso a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, entre otros", afirmó Dávila, parlamentario del movimiento político Winaq.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de estas reformas, sobre todo por las facultades que otorga al Ejecutivo para cancelar la personalidad jurídica de las ONG cuando se considere que realizan actividades contrarias al orden público.

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