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La Justicia argentina ordena la intervención plena de la empresa de servicios postales

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BUENOS AIRES (Sputnik) — La jueza comercial argentina Marta Cirulli ordenó la intervención plena de la empresa de servicios postales Correo Argentino, hoy en proceso de salvataje, y el desplazamiento total de todos los directivos que fueron designados por la empresa familiar del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
"Disponen la intervención plena de Correo", anunciaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

La decisión de la magistrada respondió a un pedido del procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y de la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín después de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a los acreedores.

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La intervención judicial tendrá vigencia hasta que termine el "procedimiento de salvataje" en el que se encuentra la empresa, lo que significa que la jueza amplió la medida de coadministración que ordenó el pasado 6 de septiembre.

La fiscal Boquín señaló el pasado mes de febrero a la familia del expresidente Macri por vaciar durante 15 años la empresa de servicios postales Correo Argentino.

En febrero de 2017, Boquín emitió un primer dictamen en el que pidió rechazar por abusivo un acuerdo que pretendía cerrar el Gobierno anterior entre el Correo y el Estado al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de la deuda de 70.000 millones de pesos al 2033 (1.093 millones de dólares al cambio actual).

Ese acuerdo suponía "una quita velada de 98,82%" de la deuda, lo que equivalía "a una condonación", argumentó la fiscal en su dictamen, que era parte del proceso de homologación del convenio.

A través de Sociedades Macri, la familia del expresidente administró Correo Argentino entre 1997 y 2003.

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La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2001 por una deuda de 296 millones de pesos (misma cantidad en dólares), y dos años después, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato y reestatizó la compañía.

El pasado 18 de diciembre, la Cámara Comercial ordenó avanzar con el salvataje de la empresa como última instancia al reconocer como vencido el plazo de la compañía concursada para hacerle una propuesta de pago a sus acreedores, de los cuales el Estado es el principal.

En paralelo, una causa penal mantiene como imputados a varios funcionarios del anterior Gobierno, entre ellos quien fuera ministro de Comunicaciones durante la anterior gestión, Oscar Aguad.

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