"Estos nuevos requisitos y controles podrían usarse, en la práctica, para limitar la labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en general, de forma que dichas ONG no puedan desempeñar plenamente sus actividades, particularmente en la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia", advirtieron los expertos.
Además, siempre según los expertos, las nuevas disposiciones podrían limitar de manera arbitraria los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, y hasta criminalizar a los defensores de derechos humanos.
Los defensores de DDHH hicieron un llamado al Gobierno de Guatemala "para que garantice que sus leyes estén de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".
"Guatemala necesita transparencia, por eso decidimos sancionar la Ley de ONG", argumentó el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
La normativa restringe el financiamiento a los grupos sociales, advierte sobre su cancelación en caso de alterar el orden público y establece sanciones civiles y penales contra sus directivos.
El 1 de marzo el Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió provisionalmente la aprobación del decreto 4-2020 al declarar que "conlleva amenaza de violación de derechos humanos".
