José Couso fue asesinado por el impacto de un proyectil de un carro de combate estadounidense contra un hotel en el que se alojaban periodistas.
"Este Gobierno y las formaciones políticas que lo conforman siempre han mostrado su solidaridad a la familia de José Couso y por tanto, aunque desconozco el detalle de los recursos planteados por la Abogacía del Estado, estoy convencida de que tendrán que ver con cuestiones técnicas y no políticas", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero.
El pasado 10 de enero la Audiencia Nacional de España condenó a la administración a indemnizar con 182.000 euros a la familia tras constatar el Estado que no realizó ninguna gestión diplomática en defensa de los intereses de Couso.
"No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable", señala el fallo.
Más allá de las vagas explicaciones dadas por la portavoz gubernamental, medios locales informan de que la decisión de recurrir la condena se debe a las consecuencias que esta puede tener sobre la política exterior española, ya que obliga al Estado a movilizarse para prestar asistencia diplomática a sus ciudadanos en condiciones que —según los razonamientos reportados— podrían afectar a las relaciones con otros países.
La decisión de recurrir la condena contrasta con las múltiples muestras de apoyo que las formaciones del Gobierno de España manifestaron hacia la familia Couso en el pasado.
De hecho, dentro del Gobierno está presente la formación Izquierda Unida, con la que uno de los hermanos del periodista, Javier Couso, fue eurodiputado en la pasada legislatura comunitaria.
Por su parte, el colectivo de abogados Red Jurídica, que representa a la familia aseguró que el Gobierno "está a tiempo de rectificar" y pidió que "tenga la decencia de no formalizar el recurso".
De formalizarse el recurso, el Gobierno estaría intentando revertir una de las pocas victorias judiciales conseguidas por la familia Couso, que durante años batalló para intentar juzgar por vía penal a los responsables del ataque, algo a lo que la justicia española se negó porque la reforma judicial llevada a cabo por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2014 impuso límites a la justicia universal.
