"Tenemos registrados 43 femicidios y 32 intentos de femicidio en lo que va del año, más siete muertes en proceso de investigación", señaló la referente feminista.
Durante estos dos meses dos niñas o mujeres murieron a manos de los victimarios en feminicidios vinculados y otros dos niños y varones fueron asesinados por estar relacionados con la víctima de la violencia machista.
Uno de esos casos que conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de un niño de cuatro años en la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz (sur), en un hecho en el que su madre fue violada y sometida a una feroz paliza hasta que los agresores pensaron que se encontraba sin vida, por una simulación de la propia víctima.
Mumalá observó, al respecto, que la mitad de los casos vinculados que se producen en Argentina tiene por víctimas a menores de 15 años.
"Nuestra sociedad no se resigna a recibir estos casos de femicidio por muerte de violencia machista y sigue reclamando justicia y que desde el Estado se tomen medidas políticas que atiendan esta situación de emergencia", sostuvo la coordinadora.
Medidas pendientes
El informe de Mumalá revela que el 68% de los femicidas era pareja o expareja de la víctima, mientras que otro 17% era familiar de la mujer asesinada.
El Observatorio detectó que el 23% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, que en un 19% de los casos, el homicida se suicidó tras matar a la mujer.
Otro dato relevante registrado por la organización es que el 2% de los feminicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad del país.
Mumalá insiste en que este año se trate en el Congreso un proyecto de ley presentado el año pasado para declarar la emergencia nacional en violencia de género, lo que "podría ser una respuesta oportuna a los casos que estamos registrando mes a mes y que nos golpea en la cara", planteó Ferreyra.
La coordinadora también puso el foco en la capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres y diversidades destinada a los funcionarios nacionales que trabajan en los tres poderes del Estado, según estipula la Ley Micaela, promulgada hace un año.
"La aplicación de la Ley Micaela debería ampliarse para toda la función pública de los distintos niveles del Estado y para las instituciones por donde transitan o permanecen varones, como son los clubes, centros culturales y establecimientos comunitarios", planteó Ferreyra.
En Argentina se mantiene el promedio una vez más de una víctima de la violencia machista cada 32 horas.
