"La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos", indicó AI en su Informe Anual sobre la Región, publicado este día.
El organismo señaló que debido al conflicto, los homicidios de activistas y defensores de derechos humanos "alcanzaron niveles históricos".
Asimismo, destacó que los enfrentamientos entre distintos grupos armados continuaron en Colombia el año pasado y fueron la causa principal de desplazamiento y confinamiento forzado.
En uno de sus apartados, el informe indicó que a AI le preocupan los enfrentamientos que se mantienen en diferentes regiones del país entre el Ejército de Colombia, la guerrilla del ELN y grupos surgidos de antiguos grupos paramilitares, así como con nuevos grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC.
Al respecto, se refirió al anuncio de rearme que en agosto pasado hizo el exjefe negociador de paz de las FARC, Iván Márquez, junto a un grupo de disidentes y recogió las palabras de él, quien aseguró que lo hacían "en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana".
Amnistía señaló que en 2019 la cifra de disidentes de las FARC era incierta, pero que según la información oficial iba en aumento.
"La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final (de la ONU) señaló preocupantes retrasos y graves retrocesos ocasionados por la aprobación de leyes y decretos contrarios a las disposiciones del acuerdo (de paz)", destacó.
Recordó que a mediados de 2019 se conoció que, a través de una publicación del periódico estadounidense The New York Times, el Gobierno había presionado al Ejército colombiano para que intensificara los ataques a fin de aumentar la cifra de muertos entre aquellos a quienes denominaba "delincuentes y guerrilleros", lo que daría paso a una nueva escalada de "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, como las presentadas años atrás.
Por último, indicó que la situación en Venezuela siguió afectando en 2019 a países de la región y en particular a Colombia, "que albergaba el mayor número de personas que huían" del vecino país, con 1,5 millones de inmigrantes para la época que abarcó el informe, y advirtió que varios de ellos fueron víctimas de reclutamiento forzoso, tráfico de mujeres y explotación infantil.
