"Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían en peligro, y la ausencia de normativas efectivas menoscababa el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Las cuestiones socioambientales seguían siendo una de las principales causas de conflictos sociales", indicó Amnistía.
La organización señaló como casos que ejemplifican de esta problemática la respuesta militarizada de parte del Gobierno del presidente, Martín Vizcarra, contra el proyecto minero Tía María, ubicado en el departamento de Arequipa (sur), la cual calificó como "contraria a las normas internacionales de derechos humanos".
Por otro lado, se consideró que en Perú persiste el "uso indebido del sistema de justicia" para atender procesos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, algo que genera "preocupación" en AI.
Perú fue el segundo país de mayor acogida en la región para migrantes venezolanos, pero se denunciaron las medidas del Gobierno para restringir el ingreso de estos al territorio, como la exigencia del pasaporte y la visa humanitaria.
"Los cambios de los procedimientos de concesión de asilo en la frontera entre Perú y Ecuador parecían constituir una política deliberada de rechazo de nuevas llegadas", señaló Amnistía.
La violencia contra las mujeres con 166 femicidios en 2019, además de las altas tasas de embarazo infantil, junto con la negativa del Estado a reconocer plenos derechos a la comunidad LGTB, fueron otras de las problemáticas más importantes en materia de derechos humanos observadas por la organización.
