"Amnistía Internacional espera que las manifestaciones públicas de apoyo y acompañamiento a la despenalización y legalización del aborto se traduzcan a la realidad", sostuvo la organización defensora de los derechos humanos.
Cada cuatro horas en Argentina pare una niña menor de quince años, y seis de cada diez estudiantes asegura que no reciben información en las escuelas para identificar y denunciar el abuso sexual o para aprender los métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual, recordó la ONG.
Prueba de ello es que en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres han fallecido y otras 49.000 pusieron en riesgo sus vidas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos, lo que provoca que ésta sea la primera causa de mortalidad materna.
Amnistía cuestionó por ello la propuesta de reforma del Código Penal del anterior Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) "ya que no solo mantiene la criminalización de la mujer, sino que además es regresiva, en tanto circunscribe el acceso al aborto legal a la salud en su aspecto físico y mental, suprimiendo la dimensión social de la causal salud".
En su informe, la institución señaló que trece de las 24 jurisdicciones del país se adhirieron al reciente protocolo de interrupción legal del embarazo para los supuestos reconocidos en la legislación —casos en los que la gestación conlleve un riesgo en la salud de la madre o sea producto de una violación— reglamentado por la gestión actual del presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, la justicia "ha sido un espacio de resistencia y disputa para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar", reprochó Amnistía.
Uso de la fuerza
En otro apartado del documento, la organización cuestionó la actuación y los protocolos vigentes para las fuerzas de seguridad durante el anterior Ejecutivo, con la inclusión de las armas eléctricas como las pistolas Taser, que "en ciertos casos pueden prestarse intrínsecamente a abusos, incluyendo tratos o torturas crueles, inhumanos o degradantes".
Otras de las deudas que arrastra Argentina reside en el empleo excesivo de la prisión preventiva, con cifras oficiales que dan cuenta de que al final de 2017 había más de 94.000 detenidos en las prisiones de todo el país, y sólo el 53,3% tenía condena.
El modelo económico que ha predominado en Argentina durante las últimas dos décadas, por otro lado, ha fomentado el modelo extractivo en actividades relacionadas con los agronegocios, la megaminería, la explotación de petróleo y las depredaciones forestales, sin que hayan sido protegidos los derechos humanos de las comunidades indígenas, señaló Amnistía.
En la provincia de Jujuy (norte) comenzaron proyectos de exploración de litio en tierras indígenas "sin que se llevara a cabo un estudio exhaustivo de su posible impacto en los recursos naturales y sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas", resaltó la organización.
Esta situación puede ser delicada para los 8.000 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado que viven en el país, así como para los 180.000 venezolanos que llegaron al país para finales de 2019.
Otra de las observaciones de Amnistía se refiere al liderazgo mundial de Argentina para condenar los delitos de lesa humanidad de la última dictaura (1976-1983).
Entre 2006 y diciembre de 2019 la justicia emitió 226.238 sentencias, con un total de 962 condenas y 157 absoluciones.
En otro orden de asuntos, la justicia ordenó al reapertura de la causa que investiga la muerte en 2017 del joven activista Santiago Maldonado en el marco de un operativo policial.
Para Amnistía "desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina", concluyó.
Amnistía Internacional es una ONG que desde hace más de 60 años vela por el cumplimiento de los derechos humanos.
Violencia contra trabajadoras sexuales en la República Dominicana
La violencia policial cometida en 2019 contra las trabajadoras sexuales de la República Dominicana se destaca entre los delitos de género denunciados por AI.
"La policía violaba, golpeaba y humillaba de manera habitual a las mujeres que realizaban trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y malos tratos por razón de género", señala Amnistía en el referido reporte.
El estudio precisa que las trabajadoras sexuales, tanto cisgénero como transgénero (cuya identidad de género no coincide con su fenotipo sexual) eran sometidas habitualmente a violación a punta de pistola, palizas y humillación por parte de la policía como forma de control social y como castigo por transgredir las opiniones socialmente dominantes en torno al género.
"Las trabajadoras sexuales con identidades sujetas a discriminación múltiple —como las mujeres transgéneros— sufrían una exclusión aún más pronunciada y corrían un mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos", agrega el resumen de AI.
Diversas organizaciones de la sociedad civil defendieron la promulgación de leyes contra la discriminación y la elaboración de un protocolo nacional para investigar las denuncias de tortura por razón de género como, por ejemplo, la violación.
Según la Procuraduría General de la República, entre enero y septiembre de 2019 fueron registradas 5.417 denuncias de delitos sexuales, entre ellas 1.106 casos de violación, y 58 mujeres dominicanas fueron asesinadas por razón de género.
Amnistía señaló que la República Dominicana aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluía la presentación de una ley integral contra la discriminación a finales de 2019, pero hasta la fecha tal compromiso no se ha cumplido.
