Las nuevas normas de inmigración entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, limitarán la libertad de movimiento de los extranjeros en el país y endurecerán el control fronterizo.
Si bien el límite de salario mínimo para los trabajadores cualificados se ha visto reducido y ha pasado de 38.000 dólares a poco más de 33.100, queda claro que los empleados poco cualificados serán incapaces de obtener visados bajo el nuevo plan. Según Zeller, a finales del período transitorio tras el Brexit Londres prácticamente no dejará oportunidad alguna de obtener trabajo a este tipo de trabajadores. Las estadísticas señalan que unos 1,5 millones de polacos viven actualmente en el Reino Unido.
"Es una decisión absurda que es difícil de comentar. Aparte de los 50 puntos básicos un trabajador tiene que recibir 20 puntos adicionales que se suman a los que ya tiene por contar con un doctorado, por ejemplo", asegura el experto en una entrevista con Sputnik.
De acuerdo con Zeller, tampoco está claro qué profesiones se verán afectadas con las nuevas normas.
"Si se trata de hospitales, instituciones de seguridad social y la construcción, donde emplean no solo a británicos sino a polacos, rumanos y otras nacionalidades, encontrar un trabajo en estas empresas será más complicado", estimó.
"Esto no se parece a una decisión deliberada. Puedo suponer que una nueva legislación entrará en vigor tras el Brexit. Por ello, fueron acordados unos principios básicos. Sin embargo, el principal problema radica en la economía británica, que al final podría sufrir daños", destacó.
Zeller también puso de relieve el hecho de que este no es el primer año que el Reino Unido experimenta un déficit de enfermeras.
"¿Dónde van a contratarlas? Si la mayor parte de ellas viene de Filipinas", se preguntó.
"Las polacas también trabajan de enfermeras. Las restricciones en este ámbito podrían tener consecuencias drásticas. Ya ahora los empresarios se llevan las manos a la cabeza cuando buscan empleados en las instituciones sanitarias. Un día estas restricciones afectarán a los originarios del Reino Unido (...) Los británicos están cavando su propia fosa", concluyó al destacar que la nueva legislación puede poner en peligro otros ámbitos.
El nuevo plan ha sido duramente criticado no solo por algunos expertos, sino también por algunos políticos. La representante de los demócratas liberales escoceses, Christine Jardine, declaró que el nuevo plan se basa en "la xenofobia" y que no busca solucionar "las necesidades sociales y económicas del país". A su vez, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aseveró que la implementación de este plan tendrá consecuencias "devastadoras" para la economía escocesa.
