"Hemos recibido la información de que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades [Morales y otros] en relación al fraude electoral", dijo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, según publicó el diario La Razón.
Morales y los exmiembros del órgano electoral han negado que hubiesen cometido ilegalidades en las elecciones del 20 de octubre del año pasado, anuladas por un presunto fraude del cual no se han presentado hasta ahora pruebas definitivas, aparte de un informe de la Organización de los Estados Americanos que citó irregularidades.
Denuncia de fraude
La denuncia contra Morales y sus colaboradores como autores intelectuales del fraude denunciado fue hecha a principios de febrero por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), cuyo llamado a protestas contra la reelección del líder indígena desató las protestas que precedieron a la renuncia del exmandatario en noviembre pasado a pedido de las Fuerzas Armadas y la Policía.
"Evo Morales, García Linera y otros deberán responder a nuestra demanda penal, por el gigantesco fraude que cometieron en 2019 y que costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de bolivianos [31 millones de dólares]; Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes", publicó Mesa el 19 de febrero en su cuenta de Twitter.
.@evoespueblo, García Linera y otros, deberán responder a nuestra demanda penal, por el gigantesco fraude que cometieron en 2019 y que costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de Bs. Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) February 19, 2020
Mesa, segundo tras Morales en las elecciones de octubre, es de nuevo candidato presidencial y, según una encuesta de intención de voto publicada el 16 de febrero, obtendría en mayo menos de la mitad de la votación que obtuvo el año pasado, casi 15 puntos por debajo del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce.
Morales, forzado al exilio sucesivamente en México y Argentina, ha sido inscrito por el MAS como candidato al Senado por el departamento de Cochabamba, en una postulación todavía no habilitada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El TSE debe decidir también sobre las postulaciones de Arce y el excanciller Diego Pary, entre 11 candidatos del MAS cuestionados por incumplimiento del requisito constitucional de residencia permanente en Bolivia y otras aparentes irregularidades.
Los grupos ciudadanos que protestaron el año pasado contra la reelección de Morales han amenazado con llamar a nuevas protestas callejeras si el TSE autoriza la postulación de Morales.
El MAS, entretanto, se declaró en emergencia en defensa de sus candidatos y Arce ha denunciado en Twitter que la democracia sufriría "un golpe artero" si se consuma la inhabilitación.
