Ochoa murió en circunstancias no esclarecidas el 19 de octubre de 2001, aunque las autoridades dictaminaron como suicidio.
El caso que fue presentado el 2 de octubre de 2019 "se relaciona con la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación seguida por la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido", informó en un comunicado emitido en la sede de Washington del organismo.
Entre las irregularidades la CIDH encontró "omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística y evidencia de un mal manejo de la cadena de custodia de la prueba".
La Comisión estableció la existencia de "un contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos en la época de los hechos y estimó que tanto la incidencia de esta situación en el estado de Guerrero como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a militares", dice el informe del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Diez años de investigación
La CIDH determinó que desde el día de la muerte de la defensora, el Estado mexicano comenzó una investigación penal que duró alrededor de diez años.
Las pesquisas consistieron en un gran número de diligencias forenses, químicas, balísticas, informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, documentales, fotográficas, entre otras.
Tras el análisis, la CIDH observó "la obstaculización de la participación de los familiares de la señora Ochoa en la investigación; lo que, a su vez, generó un impacto en la razonabilidad del plazo que la misma se extendió".
En ese lapso fue asesinado un testigo clave que tenía medidas cautelares por parte de la Comisión y que sindicó a un posible responsable.
En cambio, los peritajes psicológicos sobre la activista "guardaron un peso desmedido en la investigación, descartándose un testimonio clave sobre un hecho de acoso por parte de militares", días antes de la muerte de la activista.
El organismo concluyó que el Estado mexicano es "responsable por la vulneración del derecho a la protección judicial y las garantías judiciales de los familiares de Digna Ochoa".
Asimismo, denuncia una violación contra la familia por el "sufrimiento debido al desconocimiento de las causas de muerte" y el retardo en las investigaciones.
La última recomendación exige "mecanismos de no repetición", que fortalezcan la capacidad investigativa de actos de violencia contra activistas de derechos humanos.
Durante 2019, 18 personas defensoras de víctimas de abusos fueron asesinadas en este país, según recuento de la representación de la Organización de Naciones Unidas.
