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Un diputado guatemalteco denuncia intento de criminalizar a las ONG en Guatemala | Vídeo

© REUTERS / Luis EcheverriaBandera de Guatemala
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Las recientes reformas a la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Guatemala afectan directamente a los grupos defensores de los derechos humanos y criminaliza a la sociedad civil, denunció el diputado Aldo Dávila, quien acompaña las protestas de los movimientos sociales contra dicha normativa.

"Es una ley regresiva, que pretende criminalizar a las asociaciones civiles que le han sacado la tarea al Estado de Guatemala en acceso a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, entre otro", afirmó Dávila, parlamentario del movimiento político Winaq, en un video subido a su cuenta de la red social Twitter.

​Winaq presentará este 14 de febrero un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la normativa, aprobada el 11 de febrero por 81 diputados del Congreso, en medio de denuncias de opacidad en el proceso y críticas a las restricciones que impone a las ONG en Guatemala.

La normativa, identificada como el decreto 4-2020, restringe el financiamiento a los grupos sociales, advierte sobre su cancelación en caso de alterar el orden público y establece sanciones civiles y penales contra sus directivos.

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"Las organizaciones sociales han sido fiscalizadas, son fiscalizadas y no nos negamos a que sean fiscalizadas, pero no a la persecución, no a la criminalización", afirmó Dávila al acompañar como diputado la presentación previa de un amparo por diversas organizaciones sociales de la nación centroamericana.

Dávila denunció en el Congreso la forma opaca en que fueron aprobadas las reformas a la Ley de ONG, al considerar que las mismas atentan contra las garantías de la sociedad civil organizada y constituyen una camisa de fuerza al funcionamiento de dichas organizaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de estas reformas, sobre todo por las facultades que otorga al Ejecutivo para cancelar la personalidad jurídica de las ONG cuando se considere que realizan actividades contrarias al orden público.

"La reforma a la ley de ONG podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada", alertó desde sus redes sociales la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh).

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, alertó desde su cuenta de Twitter que la reforma a la Ley de ONG constituyen un "inminente riesgo porque pueden afectar la participación en espacios sociales y la garantía de los derechos humanos".

Hasta el momento la CC no ha tramitado ninguno de los múltiples amparos presentados en contra de la normativa, impulsado por el oficialismo en el Congreso.

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