En un auto emitido este 13 de febrero, la Audiencia Nacional acordó para Lozoya una situación de "prisión provisional incondicional y comunicada" a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.
Según la reclamación mexicana, Loyola participó en un entramado que operó de forma opaca al fisco con "recursos de procedencia ilícita" provenientes del "ofrecimiento de contratos ilícitos" por parte de Pemex.
De acuerdo con la información ofrecida por la Policía Nacional de España tras su detención, la Fiscalía Mexicana estima que el entramado de Loyola defraudó un total de 280 millones de dólares.
El juez encargado de gestionar las diligencias tras su detención decidió el envío a prisión incondicional de Lozoya al entender que existe un "riesgo fundado de fuga" porque el detenido mostró una clara intención de "sustraerse de la acción de la justicia".
Tras su ingreso en prisión, las autoridades mexicanas disponen de un plazo de 45 días naturales para presentar la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Gobierno de España, lo que pondrá en marcha los trámites para que la Audiencia Nacional decida sobre su envío a México.
La reacción de AMLO
A su vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que la detención en España de Emilio Lozoya está relacionada con los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht a la compañía estatal, y la compraventa irregular de una planta de fertilizantes a la mexicana Alto Hornos de México S.A.
"Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, con orden de detención en España, los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa es lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también lo de la compra de una plantas de fertilizantes, es lo que llevó a la aprehensión del exdirector de Pemex", informó el mandatario en conferencia de prensa.
El jefe del Ejecutivo dijo que la Fiscalía general que encabeza Alejandro Gertz Manero investiga en forma independiente como organismo autónomo del Estado, pero que su administración coloca en el centro el combate a la corrupción.
Lozoya comenzó sus contactos con Odebrecht cuando fue miembro del equipo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y dirigió la petrolera de diciembre de 2012 hasta febrero de 2016, sin embargo López Obrador ha reiterado en numerosas ocasiones que no es partidario de perseguir judicialmente a los exmandatarios.
"La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad de progreso en nuestro país, es la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país, por la corrupción hay pobreza, inseguridad y se desató la violencia, todo lo que está sucediendo", prosiguió López Obrador a propósito de la detención con fines de extradición.
Agregó que su Gobierno no va a "ceder en nada, cero corrupción, cero impunidad, pienso que sí será [extraditado] porque la Fiscalía está haciendo su trabajo".
Una fuente de la Fiscalía del equipo de Gertz Manero dijo a Sputnik que los cargos no han sido divulgados porque la investigación abierta está abierta y no quieren dañar el debido proceso.
Los cargos
En una inusual exposición sobre el caso, López Obrador reveló que la trama Odebrecht comenzó antes del mandato de Peña Nieto, en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien "dio facilidades a Odebrecht para la construcción una planta de polietileno".
Aseguró que Calderón facilitó a la empresa extranjera créditos de la banca de desarrollo estatal "con precios bajos para obtención de la materia prima, del etileno".
Señaló, además, que la constructora brasileña "aportó recursos para la campaña" electoral de Peña Nieto.
Expresó que su "postura es que el Ejecutivo no persiga [a exmandatarios], no es mi fuerte la venganza".
Pero aclaró que, si se reúnen las firmas necesarias para organizar un referenum, "y dice que proceda contra los expresidentes de [Carlos] Salinas [1988-1994] para acá, si la gente dice juicio, estaría en contra, pero respetaría la decisión".
Detalló además la presunta compra que hizo Pemex con sobreprecios de una planta de fertilizantes de Ahmsa, en el puerto petrolero Coatzacoalcos.
La planta que había sido privatizada en los años 1990 fue recomprada por Pemex, en tiempos de Lozoya.
"Se pagó alrededor de 500 millones de dólares de más por la planta y se terminaron pagando alrededor de 800 millones de dólares por el terreno y la rehabilitación, que hasta ahora se está concluyendo", prosiguió.
Finalmente dijo que los abogados de Lozoya consideran que "el primer caso [Odebrecht] ya prescribió, pero no creo que sea de esa manera".
En el caso Ahmsa, según la defensa "está en juicio, es lo que se está ventilando", añadió.
