"El contexto internacional volátil nos ha llevado a elaborar este escenario macroeconómico bajo criterios de prudencia", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño.
En concreto, el nuevo cuadro macroeconómico contempla una previsión del crecimiento del 1,6% para 2020, lo que supone una rebaja de dos décimas respecto a los anteriores pronósticos.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno también acordó este 11 de febrero una reconfiguración de la senda de estabilidad presupuestaria que fue establecida por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy en el año 2017.
Esa senda fijaba un objetivo de déficit del 0,5% del PIB para 2020 y esperaba alcanzar la estabilidad presupuestaria para 2021, una meta que el actual Gobierno no considera realista.
"La senda de estabilidad vigente, que es la que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2017, carece del principio de realidad", señaló María Jesús Montero antes de expresar que su intención es tener unos objetivos de estabilidad que permitan "seguir reduciendo el déficit a un ritmo que no dañe el crecimiento ni la creación de empleo".
En ese sentido, Montero anunció que el Gobierno elevará el objetivo de déficit en 8.700 millones de euros para 2020, fijando una meta del 1,8% del PIB.
Las nuevas metas del Gobierno eliminan del horizonte la posibilidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria en el corto plazo y fijan una senda del 1,5% para 2021 y del 0,9 para 2022.
"Estos objetivos marcan una pendiente más suave", constató Montero.
En líneas generales, los anuncios hechos por el Gobierno este 11 de febrero son una declaración de intenciones para dejar atrás las políticas de austeridad, aunque sin romper de forma rotunda con los criterios de estabilidad dictados desde Bruselas.
El diseño de este cuadro macroeconómico es el primer paso para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende tener aprobados antes del verano.
En su comparecencia ante la prensa, María Jesús Montero recordó que en España siguen vigentes los PGE del año 2018, diseñados por el conservador Gobierno de Rajoy, por lo que el actual Ejecutivo considera una necesidad "urgente" la renovación de las cuentas.
Según explicó Montero, los PGE de Sánchez pretenden poner sobre la mesa herramientas para luchar contra la desigualdad y la situación de carestía que vive parte de la población, una situación sobre la que el relator de la ONU sobre pobreza extrema se mostró especialmente alarmado la semana pasada
"Los presupuestos que vamos a remitir al congreso pivotan sobre el refuerzo del Estado del bienestar, la apuesta por la transición ecológica justa, la reducción de desigualdades y la defensa de los intereses de la clase media y trabajadora", prometió Montoro.
Queda por ver los niveles de aceptación que esta senda económica despertará en Bruselas.
El año pasado, tras presentar su fracasado proyecto de presupuestos, Bruselas reclamó a Sánchez un ajuste estructural del 0,65% del PIB (unos 15.000 millones de euros) en dos años.
Tras ser preguntada por esta cuestión en rueda de prensa, la vicepresidenta económica Calviño afirmó que España "sigue comprometida con la reducción del déficit y la deuda" y recordó que la opinión oficial de Bruselas sobre los nuevos planes de Madrid no se conocerá hasta que no se presenten los PGE.
