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Corte Suprema argentina garantiza subsidios a mujeres encarceladas

CC BY 2.0 / oswaldo / CárcelUna cárcel (imagen referencial)
Una cárcel (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Corte Suprema de Argentina resolvió por unanimidad que las mujeres privadas de libertad tienen derecho a percibir las asignaciones familiares que provee el Estado por hijo y por embarazo, siempre y cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
"La Corte Suprema determinó que las mujeres privadas de libertad pueden recibir la asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

El máximo tribunal del país confirmó así la sentencia que emitió la Cámara Federal de Casación Penal y que condenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a pagar asignaciones familiares por hijo y por embarazo a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31, situado en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, que o bien estaban embarazadas, o decidieron permanecer en prisión con sus hijos menores de cuatro años.

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El reclamo había sido presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial mediante un habeas corpus, el cual fue rechazado por la justicia federal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Pero Casación, el máximo tribunal penal de Argentina, señaló que la negativa a reconocer los beneficios pretendidos agravaba las condiciones de detención, y que la ley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de libertad ni a sus hijos.

Este fallo fue recurrido por la Anses, dependiente del Ministerio de Trabajo.

Sentencia

En su sentencia, la Corte Suprema consideró que la interpretación dada por la Cámara de Casación a las normas aplicables había sido en favor de los derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

De acuerdo a su jurisprudencia, el habeas corpus es un medio legal "rápido y eficaz para resguardar el trato digno en las prisiones y para solucionar situaciones injustas que allí se planteen", señaló el tribunal.

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"El ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución nacional, de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate", determinó.

El tribunal también mencionó la situación de "violencia institucional" a la que alude la Ley de Protección Integral a las Mujeres y su reglamentación en respeto a las normas internacionales, por cuanto "la condición de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder".

En caso de confirmarse, la Anses deberá acatar la sentencia, que fue firmada por los cinco integrantes de la Corte Suprema.

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