"Este asunto no tiene que ver con un préstamo: el propósito del presidente Bukele era disolver la Asamblea Legislativa", dijo a Sputnik López, presidente del Consejo Nacional de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), el partido con más curules en el parlamento unicameral de esta nación centroamericana.
López alertó sobre el precedente sentado por el jefe de Estado al militarizar el Salón Azul de la Asamblea, ocupar el asiento del presidente de la legislatura y acusar a los diputados que no acudieron a su convocatoria de incurrir en "desacato".
Esta crisis comenzó el 6 de febrero, cuando Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución para convocar a través del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea para tratar la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase del plan Control Territorial.
La Asamblea aprobó un informe en el que demostraba la improcedencia de tal llamado, por considerarlo una violación de la separación de poderes del Estado, y Bukele afirmó que si los diputados no acudían incurrían en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 para iniciar una insurrección ciudadana.
"El asunto es este: el presidente juró respetar la Constitución y ya lo violentó mediante estas medidas tan autoritarias, metiendo a la Fuerza Armada en la Asamblea para intimidar y doblegar a los diputados, pero principalmente al pueblo", agregó López.
Los incidentes del 9 de febrero en El Salvador fueron condenados por la sociedad civil de este país y por organismos internacionales, como Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la delegación de la Unión Europea.
