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Expertos: reforma constitucional en México para combatir corrupción es insuficiente

© REUTERS / Ginnette RiquelmeEmpresarios debutan en las calles contra leyes anticorrupción, México (archivo)
Empresarios debutan en las calles contra leyes anticorrupción, México (archivo) - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las reformas a la Constitución mexicana, centradas en el combate a la corrupción, son insuficientes para combatir ese delito, según expertos en transparencia consultados por Sputnik.
"La visión desde las organizaciones de la sociedad civil es que ninguna reforma constitucional es suficiente para cambiar las violaciones jurídicas, ni garantiza la práctica de legalidad y ni crean una cultura política de transparencia", dijo a esta agencia Natalia Pérez, investigadora del programa de lucha contra la impunidad del independiente Centro de Análisis Fundar.

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Añadió que "el problema real no está en unas reformas o cambios legales de menor jerarquía, sino en su implementación".

Las reformas constitucionales de 2019 introdujeron el referendo revocatorio a mitad del mandato presidencial, convirtieron la corrupción y el fraude electoral en delito grave, crearon la Guardia Nacional con mando y tropa militar, retiran la inmunidad al jefe de Estado, y limitan el salario de todos los funcionarios a un máximo de unos 5.000 dólares, que es lo que gana el jefe del Ejecutivo, entre otras.

En el sistema jurídico político mexicano es muy fácil modificar las leyes, explica.

"Pero las reformas no cambian la realidad, sabemos que no terminan la transformación política en marcha con el problema de corrupción", dice la abogada que participó como dictaminadora en el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (2010-2012).

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Las reformas crean, por ejemplo, los consejos ciudadanos que observan a las legislaciones, como el cumplimiento de la Ley Anticorrupción promulgada en julio de 2016, y nuevos mecanismos con procesos de implementación, "pero requieren mucho tiempo para comenzar a tener eficacia", advierte la jurista.

López Obrador afirmó el 5 de febrero, en el acto conmemorativo de ley suprema, promulgada después de la Revolución Mexicana de 1910, que "las reformas pueden ser consideradas como una nueva Constitución dentro de la Constitución de 1917, han atendido a la necesidad de cambio".

Reforma para crear el bienestar

Como colofón de su proyecto reformador, López Obrador pidió al Congreso que los programas sociales de su Gobierno "se eleven a rango constitucional, esa es la reforma pendiente, va a significar el establecimiento de un auténtico Estado de Bienestar".

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Pérez Cordero agrega que "los impedimentos comienzan con funcionarios que no están capacitados, carecen de conocimientos de leyes, y la profunda cultura de la corrupción mantiene la impunidad".

Pone como ejemplo al sistema penal acusatorio, aprobado en 2008, que "recién se está aplicando en pocos lugares, la nueva cultura judicial todavía no opera al 100%, así es la distancia entre las leyes y la realidad, falta una limpieza en las instituciones plagadas de personas incapaces".

Por su parte, Marco Fernández, coordinador del programa anticorrupción del centro de investigación México Evalúa dijo a Sputnik que "es una ingenuidad pensar que las cosa cambian por modificaciones al marco constitucional y legal".

El problema de la justicia mexicana "es el debilitamiento en las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, faltan recursos y presupuesto, carece de personal de carrera, y no ha desarrollado capacidades de investigación judicial", dice el experto del centro que fue designado segundo lugar de este país en el "Índice Global de Think Tanks 2019".

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Fernández considera que "es muy candoroso pensar que de manera voluntaria las cosas van a cambiar, es un recurso retórico".

Pone como ejemplo los casos más escandalosos de corrupción paralizados y los señalamientos a algunos funcionarios heredados del viejo régimen.

Menciona a Manuel Bartlett, de 83 años, titular de la Comisión Federal de Electricidad, sobre quien pesan graves denuncias de corrupción en su larga carrera política, quien fue exonerado por la Secretaría de Función Pública por considerar que son asuntos que no corresponde a su nuevo cargo, que ejerce desde 2019.

"Evidencia no solo falta de voluntad política sino un sesgo partidista y antidemocrático", señala el investigador.

Las pesquisas de otros escándalos investigados por organizaciones independientes están paralizados.

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Por ejemplo, el caso del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, prófugo de la justicia por el caso de los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

"No basta con los cambio constitucionales, se necesita robustecer la capacidad profesional de los investigadores y funcionarios públicos encargados de la justicia", subraya el jurista.

Fernández advierte que en el presidente "hay signos de la resistencia a la autonomía de las instituciones del Estado y funcionarios designados a otros poderes autónomos como afiles políticos, sin capacidad técnica".

López Obrador enfatiza que al designar funcionarios no le importa su experiencia.

Así, un agrónomo ganadero, Octavio Romero, dirige Pemex, y un arqueólogo, Juan Antonio Ferrer, es el titular del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, entre otros casos.

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