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El centro Weisenthal acusa a la Fiscalía General de España de amparar a los neonazis

CC BY-SA 4.0 / Triplecaña / Palacio del marqués de Fontalba Palacio del Marqués de Fontalba, la sede de la Fiscalía General de España
 Palacio del Marqués de Fontalba, la sede de la Fiscalía General de España - Sputnik Mundo
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La organización escribe una carta a Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, alertando de que se retire la incitación al odio.

La Fiscalía General del Estado tipificó en una circular emitida en mayo de 2019 las pautas para interpretar los delitos de odio. Entre ellas se señalaba que "una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos". Una afirmación que no ha pasado desapercibida: el centro Simon Weisenthal, una de las principales organizaciones internacionales contra el antisemitismo, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que no se ampare a grupos neonazis desde las instituciones.

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"Tome medidas, en este Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, contra aquellos que profanarán la memoria y banalizarán las atrocidades nazis", encabeza la misiva enviada desde el Centro de Relaciones Internacionales Simon Weisenhal, en Los Ángeles (California). El director del centro, Shimon Samuels, manifestó de esta forma su "sorpresa" al enterarse de la nota publicada en el Boletín Oficial del Estado por la Fiscalía General. "¿Sería un crimen incitar al odio a ISIS, ETA o aquellos cuya ideología apoya el asesinato de 'razas inferiores'?", pregunta Samuels a Pedro Sánchez, "¿Deberíamos encarcelar a los sobrevivientes de Auschwitz por haber incitado al odio hacia los nazis?". 

El documento, publicado parcialmente en su página web y reproducido en varios idiomas por medios internacionales, expresa que la decisión es "una broma enferma, una bofetada a todos los supervivientes del Holocausto, al igual que la afirmación de que los nazis nunca podrían perdonar a los judíos por obligarlos a construir Auschwitz". El escrito se ha producido en medio de la celebración del 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio. Se produjo en 1945 por el Ejército Rojo después de la ejecución de entre 1,1 y 1,5 millones de personas. Desde el Ejecutivo español aún no ha habido ninguna respuesta.

Según la legislación vigente, el término delito de odio abarca un amplio espectro de delitos, entre los que se encuentran aquellos motivados por factores como la xenofobia, el antisemitismo o, entre otros, la homofobia, todos ellos delitos cometidos con móviles discriminatorios. Incluye, por tanto, la incitación al odio, la violencia y la discriminación.

​Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, describía así la ley, en una entrevista con el periódico La Vanguardia: "Consiste en incitar o promover al odio, violencia o discriminación mediante expresiones contra ciertas minorías o grupos discriminados, son delitos cometidos mediante actos expresivos y que tienen que participar de lo que instituciones europeas llaman discurso del odio". En mayo, tras el informe de la Fiscalía General, Dopico publicaba un tweet donde decía que "la Fiscalía General del Estado dice que incitar al odio al colectivo de los nazis es un delito de odio. No se refiere a provocar directamente a agredir a nazis (artículo 17) ni a la apología de delitos contra ellos (artículo 18). Se refiere a la incitación al odio a los nazis” con el hashtag #PERDIENDOPIE.

Agnieszka Fajferek-Depowska, una guía del Museo Estatal Auschwitz Bikernau, señala por alusiones a Sputnik que desde el campo de concentración, aparte de las normas básicas de admisión (por portar armas o comportamientos inadecuados) no hay ninguna restricción. "Somos muy cuidadosos con el lenguaje. No debemos hablar de política con los turistas, solo de hechos históricos. Y nunca sabemos quién está en cada grupo. Si entran neonazis, lo hacen sin avisar a nadie. A veces hay que estar pendiente de cualquier actuación rara para avisar a seguridad", explica, señalando que los trabajadores prefieren no ser filmados para no tener problemas con "montajes manipulados".

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