Lijo "ordenó investigar si el gobierno de Macri le pagó con un hotel al arrepentido Vandenbroele", informaron fuentes judiciales consultadas por esta agencia.
Boudou, que era ministro de Economía cuando se produjo la compra de la empresa Ciccone Calcográfica, fue condenado en agosto de 2018 a la pena de cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, aunque un tribunal posterior rebajó en casi tres meses la condena al tener en cuenta el tiempo que había pasado en prisión preventiva.
Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en el juicio, recibió la pena de dos años de reclusión.
El juez retomó ahora el caso tras una investigación periodística del portal El Destape que publicó en un artículo titulado "El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou".
Según la investigación, el arrepentido Vandebroele habría solicitado ese dinero para un desarrollo turístico identificado como Posada La Masía en la provincia de Mendoza (centro-oeste).
El operador asignado al expediente de Vandebroele, Carlos Daniel Linsalata, solicitaba en un escrito al director nacional del programa de protección de testigos el 24 de agosto de 2018, días después de que fuera condenado Boudou, que otorgara el monto solicitado por el arrepentido "para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y auto sustentarse".
En añadido, el operador destacaba a continuación que el día 7 de agosto había sido condenado "a prisión con cumplimiento efectivo por más de cinco años el ex vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou".
El Gobierno anterior del expresidente Macri sancionó y promulgó en 2016 una ley que incorporaba la figura del arrepentido al Código Penal y que habilita a que el imputado o procesado obtenga beneficios procesales, que en ningún caso pasan por la extinción de la pena, a cambio de datos precisos y de utilidad sobre los máximos responsables de la comisión de un delito de corrupción o de asociación ilícita.
