"Desde el momento en que una persona huye de El Salvador, el Gobierno ha fallado en garantizar protección. Estados Unidos también ha violado sus propias leyes y leyes internacionales: ha deportado a personas a su muerte o a sufrir otros abusos graves", dijo Kennedy, coautora de un reporte de Human Rights Watch (HRW) difundido el 5 de febrero sobre la situación de los deportados.
El informe "Deportados al peligro", documenta 138 asesinatos de salvadoreños deportados de EEUU de 2013 a la fecha, y otros 70 casos de golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas.
La investigadora señaló la responsabilidad de los Gobiernos de El Salvador y de EEUU en agravar la situación, y más tras la firma en 2019 de un acuerdo de asilo que complica la adquisición de la protección internacional para migrantes de este país.
"Es necesario poner fin a las presiones políticas que hace el Gobierno de Estados Unidos de interrumpir el envío de fondos a El Salvador y a otros países de la región si no se implementan medidas de seguridad fronteriza o control migratorio que tienen como finalidad vulnerar el derecho a salir del propio país y el derecho a solicitar asilo", añadió Kennedy.
De acuerdo con este estudio, entre los agresores que atentaron contra los deportados están las pandillas, exparejas y miembros de la Policía o las fuerzas de seguridad de El Salvador.
"A sabiendas, las autoridades de EEUU han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias donde enfrentan la posibilidad de homicidio y ataques contra su seguridad", dijo Alison Parker, directora adjunta del Programa sobre EEUU de HRW.
Entre 2014 y 2018, EEUU deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, donde la violencia de las "maras" (pandillas) generan una de las mayores tasas de homicidio a nivel internacional.
Según datos publicados por El Diario de Hoy, mayor rotativo de este país, el número de salvadoreños que solicitó asilo en EEUU creció cerca de un 1.000% entre 2012 y 2017, con la amenaza de las pandillas como principal motivo, y solo un 18% recibió protección.