"La Procuraduría General del Estado, a través de su máxima autoridad, Íñigo Salvador Crespo, en su calidad de acusador particular, se opone rotundamente al pedido de suspensión condicional de la pena, solicitado por la señora María Alejandra Vicuña", dijo la entidad en un comunicado de prensa.
El 5 de febrero, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolverá sobre un pedido de suspensión condicional de la condena presentado por la defensa de la exvicepresidenta.
La Fiscalía procesó a Vicuña por cobros irregulares a uno de sus asistentes, que trabajó con ella entre 2011 y 2013, cuando era asambleísta del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
De ser aceptado el recurso, Vicuña no iría la cárcel pero cumpliría una o varias de una decena de medidas alternativas señaladas en el Código Orgánico Integral Penal, entre ellas prohibición de salida del país, trabajo comunitario o no reincidir ni ser procesada por otro delito.
Para el Procurador, suspender la ejecución de la pena "podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, enviándose un mensaje errado a la ciudadanía, causando así un efecto adverso en la moral pública".
Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación anunció que apelará la sentencia de un año de prisión impuesta a la exvicepresidenta por considerar, entre otras cosas, que la pena no evidencia una lucha frontal contra la corrupción.
