"La situación es muy grave, sobre todo por el tema de los bajos precios, de miseria, que nos impiden incluso cubrir costes de producción. Queremos hacer una llamada de atención porque no podemos continuar en esta situación", señala en declaraciones a Sputnik el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos Silva.
Según una estimación publicada por El Confidencial, en los últimos 15 años el precio de venta de los productos de agricultores, ganaderos y pescadores creció algo más de un 9%, una cifra que, si se descuenta la inflación, muestra una caída real de precios del 15,5%.
"Así no se puede seguir, porque los costes de producción sí que incrementan. Cuando compramos los fertilizantes o las herramientas necesarias para hacer nuestras labores nos dicen cuánto vale y lo tenemos que pagar, pero nosotros no le podemos poner el precio a nuestros productos", apunta Ramos.
Esta caída de precios y aumento de costes se une a circunstancias como los recortes en las ayudas, el impacto de las sanciones económicas o incluso una meteorología especialmente adversa en los últimos meses para hundir la rentabilidad de las producciones.
Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, producir un litro de aceite de oliva cuesta 2,70 euros, pero Lorenzo Ramos señala que "en el mejor de los casos a los productores se les paga a 2,10".
Esta venta con pérdidas no sólo se produce en el sector del aceite. Alimentos que ahora mismo están de temporada como la fruta de hueso o la patata también son liquidados a precios que no cubren los costes de producción, algo que Ramos califica como "una barbaridad", sobre todo a la vista de que luego el consumidor paga por ellos cantidades muy por encima de los precios de partida.
"Ese abuso puede verse en productos como la patata, que está a 15 céntimos para el agricultor, mientras que el consumidor las paga 1,20 euros", asevera.
Por ello, los productores apuntan su dedo acusador hacia los intermediarios y las grandes plataformas distribuidoras, sobre las que exige que el Gobierno actúe para tener más transparencia sobre su actividad en la cadena de valor y actuar en pos de un mayor equilibrio entre las partes.
"Hay gente que se está haciendo rica sin hacer nada. Hay gente que no tiene instalaciones, ni trabajadores ni nada, sólo tienen un teléfono móvil, pero si no pasas a través de ellos no vendes. Por eso pedimos al Gobierno que convoque al observatorio de precios de la cadena alimentaria para que digan exactamente dónde se está quedando el dinero que paga el consumidor y qué se puede hacer", apunta Ramos.
Respuesta del Gobierno
El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró de forma reiterada en los últimos días que el Gobierno es susceptible a las demandas de los trabajadores del campo.
En ese sentido, Planas estableció recientemente mecanismos de interlocución constante con las asociaciones del sector agrario, al tiempo que el Gobierno aumenta la presión sobre los distribuidores.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió a la palestra este 5 de febrero para hacer un llamamiento a las grandes plataformas a actuar con responsabilidad para poder mejorar las situación de los trabajadores del campo y los productores.
Sánchez pronunció estas palabras precisamente antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con el que, entre otras cosas, abordará que el próximo presupuesto comunitario incluya partidas que permitan revitalizar al sector en el marco de la Política Agraria Común (PAC).
Por su parte, los agricultores ven con buenos ojos los mensajes de diálogo lanzados por el Gobierno, pero advierten que no pararán las movilizaciones hasta conseguir garantías de que intervendrá para mejorar su situación, algo que se refleja en que las asociaciones profesionales ya convocaron distintas jornada de protesta para la próxima semana en Andalucía.
Las sanciones, un mal olvidado
En su conversación con Sputnik, Lorenzo Ramos señala que los agricultores intentarán aprovechar el actual contexto de interlocución con el Gobierno para que Madrid reabra en el seno de la Unión Europea un debate sobre la política de sanciones a Rusia, que castiga al sector hortofrutícola español desde hace seis años.
En respuesta, Rusia estableció una serie de sanciones contra determinados productos agrícolas, alimentos y materias primas originarias de países de la Unión Europea, lo que afectó especialmente a España.
"El tema de las sanciones va a ser una de las cuestiones que por nuestra parte vamos a plantear al Ministerio, porque no entendemos que por un problema diplomático, por diferencias de la Unión Europea con Rusia respecto a Ucrania, al final acabemos pagando las consecuencias los productores españoles", apunta Ramos.
A su modo de ver "si eso se resolviera, buena parte de los problemas del sector de las frutas y las hortalizas se resolvería, porque es muy claro que desde que se produjo el veto fue cuando empezaron a caer los precios".
