El Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), en el sur de la patagónica provincia de Santa Cruz y en la frontera con Chile, volvió a ubicarse en el centro de la polémica política. La empresa, envuelta en una de las numerosas tramas judiciales por denuncias de sobreprecios y desvío de capitales estatales durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), tiene un nuevo interventor: Aníbal Fernández, quien fue precisamente jefe de Gabinete en dos períodos durante esos mandatos.
Su nombramiento habría sido gestado por Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, con el beneplácito de su nuera y actual vicepresidenta, y con el visto bueno del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Aníbal Fernández es un político del ala dura del kirchnerismo, siempre controversial en sus declaraciones y muy criticado por la oposición e incluso por miembros del actual Gobierno peronista.
"Ofrece para el Gobierno un flanco de acusaciones, son ese tipo de decisiones que tienen un costado de alta vulnerabilidad. A Aníbal Fernández lo conocemos como gestor, es un tipo muy duro, que seguramente va a enfrentar el gran problema allí que son los sindicatos. Va a tener que ofrecer un proyecto de salida, no va poder quedarse a esperar subsidios porque no los va a recibir", dijo a Sputnik el analista político Enrique Zuleta Puceiro.
Fernández había sido duramente cuestionado por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, que no han sido verificadas por la Justicia cuando se presentó como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2015. Estas denuncias fueron decisivas para su dura derrota a manos de María Eugenia Vidal, el golpe decisivo para la derrota del peronismo y el triunfo de Mauricio Macri en esas elecciones.
"Si yo soy considerado turbio, ¿por qué no fui preso estos años que metieron presos a todos?", respondió el expresidente de la Federación Argentina de Hockey y del Club Atlético Quilmes en una entrevista, en referencia a las causas judiciales por corrupción en la obra pública que comenzaron a avanzar a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015.
YCRT: de orgullo provincial a la privatización y reestatización
YCRT se creó por el Estado argentino en 1958 y en 1972 tuvo su pico de ventas: 570.000 toneladas de carbón. En 1979 alcanzó su máximo de 1,4 millones de toneladas de extracción bruta y la mitad de depurada. A partir de entonces, la demanda comenzó a caer, como ocurriera en todo el mundo al virar el interés hacia las energías nucleares e hidroeléctricas, y se cortaron las inversiones.
En 2002, el Gobierno reestatizó YCRT, con el proyecto de reconvertirla y recuperar su potencial. Oriundo de la provincia de Santa Cruz, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) transformó en una de sus causas lograr la subsistencia del YCRT luego de un incendio en 2004 en el que murieron 14 operarios.
En 2008 comenzó la construcción de una central termoeléctrica que serviría para consumir la producción de carbón (cada vez más difícil de vender), además de la renovación de la mina para mejorar su productividad, para que Río Turbio asegurara su subsistencia al comenzar a generar y vender energía para potenciar el sistema eléctrico.
Estas transferencias abrieron muchas investigaciones judiciales. Uno de los principales acusados por irregularidades en esa importante empresa patagónica fue Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación durante los gobiernos del matrimonio Kirchner.
De Vido fue involucrado en el supuesto delito de defraudación al Estado durante la reactivación de la mina, junto con 18 exfuncionarios por supuestos sobreprecios y desvío del erario público entre 2009 y 2015 por un monto total de 18 millones de dólares. Por esta causa, el exministro cumple prisión preventiva desde noviembre de 2017 a la espera de juicio, pero cumple una condena de cinco años por otra causa. Desde diciembre de 2019 tiene prisión domiciliaria.
"En la época del kirchnerismo se soñó con reconvertir esa central y hacerla viable a partir de sí misma, porque es una ciudad, es un tema muy complejo. Durante el macrismo, se convirtió en uno de los tantos proyectos que se analizaron en función de su utilidad exclusivamente técnica y además no había ningún interés en salvarlo", explicó Zuleta Puceiro, director de la consultora OPSM.
Dos meses después de la llegada al poder del Mauricio Macri, se suspendieron las obras en la nueva usina y los interventores desestimaron nuevas inversiones con la alusión a su baja productividad y exceso de gastos. Se despidió a casi 1.000 empleados de un total de 2.800, lo que generó grandes conflictos con los trabajadores.
De la mina y la planta dependen dos pueblos de la cuenca, con alrededor de 9.000 habitantes, por lo que el Gobierno de Alberto Fernández anunció que pretende conseguir la sostenibilidad de la operación.
Se espera que, mediante inversiones extranjeras de gigantes asiáticos rusos o chinos, se pueda terminar las obras en la usina y por otro lado encontrar los mercados donde exportar esta materia prima, a pesar de los desafíos que genera impulsar la industria carbonífera, poco amigable con el medio ambiente pero cuya demanda no ha disminuído en el mundo en vías de desarrollo.
