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Tribunal de Ecuador condena a un año de cárcel a exjuez que falló contra comunidad kichwa

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QUITO (Sputnik) — Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a un año de prisión a un exjuez de Pastaza (Amazonía, este), como autor del delito de cohecho, en un caso que involucra a la comunidad indígena kichwa.
"Luego de deliberar, Tribunal de la Corte Nacional sentenció al juez de Pastaza, Aurelio Quito (actualmente destituido), a un año de pena privativa de libertad, como autor del delito de cohecho", dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Quito fue acusado de haber ofrecido a un juez de la Corte Provincial de Pastaza beneficios administrativos y económicos para que ratifique la sentencia dictada por él en primera instancia, en una acción de protección negada a indígenas kichwas.

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Los indígenas buscaban evitar la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, en el corredor ecológico Llanganates Sangay, localizado en la región amazónica (este) de Ecuador.

El caso inició en julio de 2019, con la denuncia presentada por un magistrado que formaba parte del tribunal de esa Corte que iba a conocer en apelación el fallo negado en primera instancia por Aurelio Quito.

Quito fue apresado y las investigaciones involucraron a otro miembro de la Corte.

El Consejo de la Judicatura ordenó la destitución del juez Quito y la suspensión del otro implicado.

En su sentencia, la Corte declaró inocente al otro implicado pues, según dijo, no encontró suficientes pruebas.

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En mayo de 2018, indígenas kichwa del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, interpusieron una acción de protección contra la construcción de la hidroeléctrica porque el proyecto captaba las aguas del río Piatúa.

"Este afluente y su ecosistema no solo es el lugar donde pescan, cultivan y cazan, sino que es un referente milenario de su cultura y sus tradiciones", decía la demanda.

En septiembre del año anterior, la Corte Provincial de Pastaza dio la razón a los demandantes, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa a la compañía de Generación Eléctrica San Francisco, ejecutora del proyecto, y revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente.

Según un informe de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la hidroeléctrica debía aportar con 172 Gigavatio-hora por año.

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