"La tasa de aprobación de solicitudes de asilo descendió hasta el 5% durante 2019", señala el informe, elaborado recopilando datos del Ministerio del Interior.
Según los datos difundidos por CEAR, en España se presentaron un total de 118.264 solicitudes de asilo a lo largo del año pasado, lo que supone una cifra récord, más del doble que en 2018.
Los menores de edad (22.373) representaron cerca de un 20% del total de los solicitantes, mientras que la mitad (59.311) tenían una edad comprendida entre los 18 y los 34 años.
A lo largo del año España sólo resolvió 60.198 del total de expedientes tramitados, de los cuales el 29% (17.266) fueron denegados y el 5% (3.156) fueron favorables
A su vez, las resoluciones favorables se dividen en la concesión de 1.653 estatutos de refugiado, a los que se suman 1.503 casos en los que se proporcionó protección subsidiaria.
Pese a las bajas tasas de concesión de estatutos de refugiados, CEAR destaca como un "claro avance" la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias, en su mayoría a personas de nacionalidad venezolana, y de forma muy residual también de Ucrania, El Salvador, Honduras o Colombia.
No obstante, CEAR denunció que España que los procedimientos necesarios para tramitar las solicitudes crean un sesgo en función el país de origen de los solicitantes.
En ese sentido, desde CEAR señalan como "muy preocupante" que solo el 6% de las solicitudes de asilo se presentaran en puestos fronterizos, lo que a su modo de ver evidencia "la falta de vías legales" para acceder a las fronteras españolas, algo que perjudica especialmente a las personas procedentes de países en conflicto.
"Resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas", añadió Estrella Galán.
El informe publicado por CEAR argumenta que uno de los motivos detrás de la cifra récord de solicitudes es la ausencia de unas políticas migratorias adecuadas, por lo que pide al Gobierno la puesta en marcha de medidas para "flexibilizar las vías de migración" y dejar atrás la actual "sobresaturación" del sistema de asilo.
