"Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional el confinamiento, amenazas y desplazamiento forzado del que son víctimas la población civil en el occidente de Antioquia, como consecuencia del accionar de las estructuras armadas al margen de la ley que hacen presencia en nuestros territorios", dijo la organización en un comunicado.
Los pobladores "hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral", señaló la organización.
Asimismo, recordó que la presencia de estructuras armadas ilegales en la región ha sido alertada desde semanas atrás por la Organización Indígena de Antioquia, La Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Mesa Interétnica de Paz.
Al respecto recordó que ha solicitado "una acción urgente" para que se atiendan las denuncias de las instituciones defensoras de derechos humanos "y para que haya un acompañamiento humanitario en dichas comunidades".
Por último, pidió a los gobiernos central, regional y local liderar una misión humanitaria que permita verificar y atender de manera urgente la situación de protección, salud, educación y alimentación de dichas comunidades.
El Gobierno, entre tanto, no se ha pronunciado sobre la situación.